La iniciativa, respaldada por la coalición oficialista y aliados, busca establecer un marco legal más robusto en materia de soberanía y control de recursos naturales.
Esta estrategia se desarrolla en un contexto de creciente confianza por parte de los inversores, a pesar de ciertos desafíos en la efectividad del programa financiero.
Para lograrlo, es fundamental desarrollar una infraestructura logística adecuada, lo que implica una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.