La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves a Cristina Kirchner y a sus hijos la puerta que les quedaba abierta para frenar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad. El tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por todas las defensas y confirmó la ejecución patrimonial dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2, que busca recuperar 684.990 millones de pesos como resarcimiento al Estado por el fraude en la obra pública de Santa Cruz.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña formaron la mayoría que rechazó los planteos de las defensas de la expresidenta, de Lázaro Báez y de los representantes de Máximo y Florencia Kirchner. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema. La mayoría entendió que el esquema complejo y prolongado generó ganancias para Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner a través de negocios compartidos.

El juez Mariano Borinsky mantuvo una posición parcialmente distinta: consideró que debía concederse la instancia extraordinaria respecto de determinados bienes, en particular algunos inmuebles de sociedades vinculadas a Báez y los departamentos en Mitre 535 y los lotes del complejo Los Sauces, atribuidos a Máximo y Florencia Kirchner. Según explicó, esos bienes habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal como referencia temporal para evaluar la procedencia del decomiso, y la sentencia de mayoría no habría tratado de manera suficiente ese punto. Su disidencia parcial no alcanzó para revertir el resultado.

El fallo fijó un criterio que tendrá peso en causas futuras: la herencia o la cesión gratuita de un bien no borra su origen ilícito. Cuando un tercero se beneficia gratuitamente con bienes producto de un delito, el decomiso puede recaer sobre esos bienes. Fue sobre esa base que la Justicia incluyó las 19 propiedades de Máximo y Florencia entre los activos a ejecutar, pese a que ninguno de los dos fue condenado en el expediente. Sus abogados habían argumentado que esa extensión violaba el derecho de propiedad y el principio de inocencia, argumentos que no prosperaron.

La Justicia decomisó 84 propiedades a nombre de Báez, una de la expresidenta, 19 transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, y siete distribuidas entre las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto. Entre los activos más significativos figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, en El Calafate, además de departamentos y casas en Río Gallegos y terrenos en Lago Argentino.

La condena que dio origen a este proceso quedó firme en junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia del TOF2 que impuso a Cristina Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La ex presidente cumple esa pena en arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.

A la familia Kirchner le queda la instancia de queja directa ante la Corte Suprema, un camino estrecho y complejo. Ese proceso, sin embargo, no tiene efecto suspensivo: la ejecución de los bienes seguirá adelante mientras se resuelva la apelación. El TOF2 ya cuenta con vía libre para avanzar con los remates y, en paralelo, aguarda la respuesta de la Corte sobre si alguno de los inmuebles podría ser destinado al propio Poder Judicial antes de salir a subasta.