Francisco Adorni está siendo investigado, al igual que su hermano Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas. Recientemente, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Adorni, corrigió su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y declaró que además posee $21 millones en efectivo provenientes de una herencia que no había sido informada previamente ante ese organismo. Por el momento, no se conoce con precisión quién heredó ese dinero ni cuál es el origen exacto de los fondos. También se modificaron los datos sobre el valor de su casa en City Bell y sobre un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Nación.

La herencia ahora declarada figura como “dinero en efectivo en el país” y no se precisa su origen exacto. Además, el diputado informó a la Oficina Anticorrupción que su casa en City Bell —propiedad de la cual Francisco Adorni posee el 50%— ahora vale $67.500.000, el monto fue actualizado frente a lo declarado en 2024, donde la propiedad valía $38.790.000.

Si bien la herencia explicaría una parte del dinero, el punto central es que esa suma no había sido declarada originalmente. Su incorporación posterior busca dar explicación al crecimiento patrimonial del 84%, aunque todavía no aclara por completo el origen de los fondos. La investigación judicial apunta a determinar si existió o no un incremento patrimonial no justificado durante su paso por el Estado. En esta rectificación, además, el diputado declaró que su deuda aumentó en $12.000.000, ya que al comienzo de 2025 debía $45.000.000 y ahora debe $57.000.000, como consecuencia de un crédito UVA.

La denuncia

La denuncia que dio origen a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Francisco Adorni fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló que el legislador habría experimentado un aumento patrimonial de casi el 84% en un año, incremento que, según planteó, no podría ser explicado en función de sus ingresos como funcionario público. Entre los elementos observados, se advirtió que Francisco Adorni habría cancelado una deuda con el Banco Provincia por $60.000.000 en apenas 12 meses, un ritmo de pago que no se correspondería con sus ingresos declarados. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°6, a cargo del juez Daniel Rafecas —inicialmente subrogado por Sebastián Casanello—, y la investigación fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán.

La Justicia aguarda actualmente un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, a pedido del fiscal Marijuán.

El Instituto de Ayuda Financiera (IAF) es una pieza clave en esta investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Francisco Adorni. Fue designado presidente del organismo en junio de 2025 por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri. Por ese motivo, para la investigación resulta fundamental contar con los datos salariales de todos sus cargos públicos, siendo el del IAF el último y de mayor jerarquía.

Este lunes, el representante legal de Francisco Adorni sostuvo que todo se trató de un error que ya fue subsanado y afirmó que “Francisco Adorni no está imputado, no existe el delito y no hay irregularidad”.