La norma, que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados inútiles o anacrónicos, obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones en una sesión que el oficialismo tuvo que defender voto a voto.

La sesión, convocada para las 10 por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, transcurrió en un clima de alta tensión política. El oficialismo logró el quórum necesario de 129 diputados presentes y bloqueó un intento paralelo de la oposición de instalar una sesión propia para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales.

El proyecto llegó a este punto con cicatrices. Presentado por primera vez en 2024, perdió estado parlamentario sin llegar al recinto. El Ejecutivo lo relanzó el 26 de marzo de 2026 y obtuvo dictamen de comisiones el 21 de abril, pero la sesión pautada para ese mismo mes se cayó por falta de quórum, y la nueva convocatoria del 20 de mayo estuvo trabada por la oposición durante semanas por la "controversia" en torno al patrimonio de Adorni.

El dictamen de mayoría reunió firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal. La oposición de Unión por la Patria y del interbloque Unidos fue total.

Qué se deroga y por qué

El diputado Nicolás Mayoraz explicó que el proyecto apunta a eliminar normas superadas por avances tecnológicos, leyes vinculadas a organismos que ya no existen y regulaciones que el oficialismo considera restrictivas de las libertades individuales. Entre los ejemplos citó la ley de microfilmación y disposiciones que calificó como "declamatorias". Bertie Benegas Lynch sumó que la acumulación de regulaciones genera "una carrera de obstáculos para el laburante argentino" y acusó a sectores políticos de usar normas y trámites como "barreras artificiales" para sostener estructuras burocráticas.

Las críticas desde la oposición fueron tan directas como las defensas. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, planteó la pregunta que varios bloques se hacían en voz baja: "Con todas las urgencias que hay hoy, ¿por qué tenemos que venir a debatir esto? Sirve para no hablar de lo insoportable que se volvió la vida para las mayorías populares". El diputado de Provincias Unidas Juan Fernando Brügge fue más técnico en su reparo: "Este proyecto peca de no ser participativo y no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes que se mencionan".

Con la media sanción en mano, el Gobierno lleva el proyecto al Senado, donde buscará completar el trámite en las próximas semanas. Para Sturzenegger, que siguió la votación desde la Casa Rosada, es la validación legislativa de su política de desregulación.