El Gobierno nacional volvió a empujar una de las reformas silenciosas más importantes de esta etapa. Mientras buena parte del debate público queda atrapado en la rosca diaria, Javier Milei avanza sobre un terreno donde se define poder real, capacidad de gestión y futuro institucional: la Justicia. La Casa Rosada envió al Senado 30 nuevos pliegos para cubrir cargos judiciales, fiscales y defensorías públicas en distintos fueros del país. Con esta nueva tanda, ya son más de 110 las propuestas de nombramientos elevadas al Congreso.

La medida alcanza fueros sensibles como Correccional y Criminal, Criminal Federal, Penal Económico, Civil, Comercial y Federal del interior. También incluye tribunales y dependencias en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero. No es un dato menor. En un país donde la Justicia suele funcionar tarde, mal o nunca, cubrir vacantes no debería ser una rareza administrativa, sino una obligación elemental del Estado. Pero Argentina tiene esa curiosa costumbre de transformar lo básico en una batalla cultural.

La jugada también revela una decisión política. Milei entendió que gobernar no es sólo bajar inflación, ordenar cuentas o discutir leyes en el Congreso. Gobernar también es ocupar institucionalmente los espacios que durante años quedaron a merced de pactos corporativos, equilibrios viejos y acuerdos que nadie votó, pero todos padecieron. En ese sentido, los pliegos enviados al Senado no son un trámite burocrático. Son una señal de época. El Presidente busca que el Estado deje de ser una maquinaria trabada por dentro y empiece a responder con cierta lógica de funcionamiento.

Entre los nombres enviados aparecen postulantes para juzgados nacionales, cámaras, tribunales orales, fiscalías, defensorías oficiales y defensorías de víctimas. La nómina incluye propuestas para juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional, juzgados civiles, cámaras federales y tribunales orales federales. También figuran conjueces para juzgados federales de la jurisdicción de Córdoba. La amplitud del listado muestra que el movimiento no apunta a un solo fuero, sino a una recomposición más extendida del mapa judicial.

El caso que más ruido puede generar es el de Víctor Arturo Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su pliego aparece luego de que integrara la Sala VIII que dejó sin efecto una cautelar contra una parte de la reforma laboral, lo que permitió restablecer la vigencia de 83 artículos mientras continúa la discusión judicial de fondo. La oposición ya empezó a mirar ese expediente con lupa, como era previsible. Cuando un fallo favorece al Gobierno y después aparece un pliego, el kirchnerismo huele escándalo, aunque durante años haya confundido independencia judicial con obediencia partidaria. La memoria institucional, en algunos sectores, suele tener vencimiento selectivo.

El Senado tendrá ahora la última palabra. Allí se juega la segunda parte de la película. La Comisión de Acuerdos deberá analizar antecedentes, habilitar observaciones y avanzar con el procedimiento correspondiente. Es el lugar donde el control republicano puede funcionar como corresponde o convertirse, una vez más, en una excusa elegante para bloquear todo aquello que no controla la vieja política. La diferencia entre revisar y obstruir parece técnica, pero en la Argentina suele ser una frontera moral.

Para Milei, la apuesta es clara. Si quiere transformar el Estado, necesita que la Justicia no sea un pantano permanente. No se trata de colonizar tribunales, como hicieron otros con bastante menos pudor y bastante más relato. Se trata de cubrir vacantes, ordenar resortes institucionales y permitir que las reformas no mueran en escritorios donde el expediente duerme mejor que muchos argentinos.

El desafío será sostener transparencia, idoneidad y firmeza. Porque el cambio no se consolida sólo con voluntad política, sino con instituciones que funcionen. En tiempos donde cada nombramiento judicial puede convertirse en una novela, el Gobierno parece decidido a escribir el próximo capítulo con lapicera propia. Y esta vez, el Senado tendrá que decidir si acompaña el orden institucional o si vuelve a practicar ese deporte nacional tan conocido: frenar todo para después quejarse de que nada funciona.