El Gobierno les pidió a los rectores que garanticen las clases durante el paro docente universitario, y la UBA salió rápido a contestar. El cruce parece técnico, lleno de comunicados, leyes y expedientes, pero en el fondo es bastante más simple: hay miles de estudiantes que quieren cursar y un sistema universitario que, cada vez que se le pide ordenar algo, responde hablando de autonomía, presupuesto y tradición. Todo válido, sí. Pero mientras tanto, el pibe que se toma dos colectivos para llegar a la facultad se queda mirando el aula cerrada.

La jugada oficial tiene una virtud política: pone al estudiante en el centro. No al rector, no al gremio, no al funcionario, no al militante que siempre encuentra una bandera para la foto. Al estudiante. Ese que labura medio día, cursa de noche, llega tarde a su casa y no tiene margen para perder semanas enteras porque la política universitaria decidió volver a levantar temperatura. El Gobierno entendió algo básico: defender la educación pública no puede significar dejar sin clases a quienes justamente más la necesitan.

La respuesta de la UBA fue la esperable. Emiliano Yacobitti salió a decir que antes de pedir normalidad el Ejecutivo debería cumplir con la ley de Financiamiento Universitario. Es un argumento con peso, porque nadie puede negar que sin recursos el sistema se resiente. Pero también hay una trampa vieja en esa lógica: presentar cualquier exigencia de funcionamiento como un ataque. Como si pedir clases fuera una provocación. Como si garantizar el calendario académico fuera una extravagancia neoliberal y no una obligación mínima.

Milei, con su estilo seco y muchas veces incómodo para una política acostumbrada al almohadón, viene empujando una discusión que en Argentina se evitó durante décadas: cuánto cuesta el Estado, quién lo paga y qué recibe la gente a cambio. En las universidades, esa pregunta molesta más que en otros lugares porque toca una especie de santuario. La universidad pública es orgullo nacional, movilidad social y capital intelectual. Pero justamente por eso debería ser la primera en rendir cuentas, no la última.

El problema es que durante años se confundió defensa de lo público con defensa automática de estructuras. Y no es lo mismo. Defender la universidad pública no implica aplaudir todo lo que hagan sus autoridades, ni cerrar los ojos frente a cajas políticas, cargos eternizados, agrupaciones que usan facultades como sucursales partidarias o presupuestos que nadie logra explicar del todo claro. La educación pública se cuida con recursos, sí, pero también con orden, transparencia y respeto por quienes estudian.

Ahí el Gobierno encontró un punto sensible. No está diciendo “que se arreglen solos”. Está diciendo: aun en conflicto, los alumnos no pueden ser rehenes. Y esa frase, aunque no venga envuelta en épica universitaria, conecta con mucha gente. Porque afuera de la burbuja militante hay padres que hacen cuentas, estudiantes que trabajan, familias que apuestan a un título como salida y jóvenes que no quieren ser usados como extras en una pelea que otros administran desde oficinas bastante más cómodas que un aula sin calefacción.

El mundo universitario debería tomar nota. Porque si cada reclamo termina con clases suspendidas, edificios paralizados y comunicados indignados, la sociedad empieza a preguntarse cosas. Y cuando la sociedad empieza a preguntarse cosas, la política pierde el monopolio del relato. Ya no alcanza con decir “la universidad se defiende”. Hay que mostrar cómo, con qué plata, con qué prioridades y con qué resultados. La consigna emociona; la rendición de cuentas convence.

Por supuesto, el Gobierno también tiene una responsabilidad enorme. Ajustar no es solamente recortar: es ordenar sin romper lo que funciona. Y la universidad, con todos sus vicios, funciona como una de las pocas promesas de ascenso social que todavía quedan en pie. Pero justamente por eso la discusión no puede quedar secuestrada por quienes usan la educación como escudo para no cambiar nada. Si la plata es de todos, la explicación también tiene que ser para todos.

La pulseada recién empieza, pero deja una foto bastante clara: Milei quiere instalar que no hay sector intocable, ni siquiera aquellos que históricamente tuvieron buena prensa y reflejos corporativos. La UBA responde desde su peso simbólico, sabiendo que tocar la universidad pública siempre mueve fibras sensibles. En el medio, otra vez, están los estudiantes. Y tal vez ahí esté la clave: por primera vez en mucho tiempo, alguien les está preguntando menos a los aparatos y más a los que sólo quieren cursar.