Lilia Lemoine denunció a Axel Kicillof por presuntos gastos “extraordinarios” en publicidad oficial y por una distribución que, según la presentación, habría beneficiado de manera desigual a medios afines al universo kirchnerista. La acusación apunta al corazón de una vieja maquinaria política argentina: la pauta estatal, ese lugar donde la comunicación pública muchas veces deja de informar al ciudadano y empieza a funcionar como abrazo financiero para amigos del poder. Según lo publicado, desde el gobierno bonaerense respondieron que todavía no fueron notificados y defendieron una distribución “amplia” y “plural”.

La denuncia no es menor porque toca una fibra sensible del kicillofismo: el uso de la Provincia como trinchera política. Buenos Aires no es una gobernación más; es el distrito más pesado del país, la caja más voluminosa y el territorio donde el peronismo todavía cree que puede construir su regreso nacional. En ese tablero, la publicidad oficial no es sólo comunicación: es influencia, supervivencia mediática y capacidad de ordenar relatos. Dicho más criollo: cuando el Estado pone la billetera, algunos micrófonos empiezan a sonar más afinados.

Lemoine, con su estilo de alto voltaje y poca anestesia, eligió pegar donde más incomoda. No denunció solamente un gasto, sino una lógica. La de un poder político que durante años convirtió recursos públicos en combustible para sostener su propia narrativa. El kirchnerismo siempre entendió que gobernar no era sólo administrar ministerios, sino también disputar sentido común. Y para eso hacen falta medios amigos, periodistas mansos y bastante pauta. La épica nacional y popular, al parecer, también necesita presupuesto de marketing.

Kicillof queda parado frente a una contradicción incómoda. Mientras se presenta como defensor del Estado presente, sus críticos lo acusan de usar ese mismo Estado como herramienta de autopreservación política. La diferencia no es menor: una cosa es informar campañas públicas, vacunas, trámites o emergencias; otra muy distinta es aceitar un ecosistema comunicacional que aplaude al gobernador con una mano mientras con la otra pasa la factura. La publicidad oficial, cuando no tiene reglas claras, se parece demasiado a un premio por buena conducta editorial.

El tema también golpea en plena disputa entre el mileísmo y el peronismo bonaerense. Para La Libertad Avanza, esta denuncia sirve para reforzar una idea potente: que la “casta” no vive solamente en el Congreso o en los ministerios nacionales, sino también en las estructuras provinciales, donde el kirchnerismo conserva poder, empleados, relato y caja. Para Kicillof, en cambio, el riesgo es que la discusión corra el velo sobre una gestión que suele denunciar el ajuste nacional, pero no siempre explica con la misma energía cómo gasta cada peso propio.

Históricamente, la pauta oficial fue uno de los grandes vicios de la política argentina. La usaron gobiernos nacionales, provinciales y municipales de distintos signos, pero el kirchnerismo la elevó a categoría de doctrina: medios amigos, enemigos señalados y una narrativa financiada desde el Estado. En nombre de la democratización de la palabra, muchas veces se terminó armando una ventanilla VIP para los obedientes. Bastante revolucionario todo, salvo por la parte en la que paga el contribuyente.

La denuncia de Lemoine todavía deberá atravesar el filtro judicial, y ahí se verá si hay delito, irregularidad administrativa o simplemente una nueva batalla política con expediente. Pero el debate ya quedó instalado: ¿la publicidad oficial sirve para informar a la sociedad o para blindar gobiernos? Porque cuando la pauta se reparte sin criterios transparentes, el ciudadano deja de ser destinatario y pasa a ser financista involuntario de una campaña permanente.

El caso vuelve a exponer una verdad bastante simple: no hay república seria si el poder compra silencios con plata pública. La Provincia necesita transparencia, reglas claras y un Estado que comunique lo necesario, no que reparta favores con membrete institucional. Kicillof podrá decir que todo fue plural y correcto; Lemoine podrá convertir la denuncia en dinamita política. Pero la pregunta que queda picando es otra: si la pauta oficial es tan limpia, ¿por qué cada vez que alguien la revisa aparece olor a sótano?