Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre, y los acusados están imputados por peculado de bienes públicos.

La decisión responde a la solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien argumentó que los involucrados no solo recibieron vacunas Sputnik V en condiciones irregulares, sino que también jugaron un papel activo en la desviación de recursos públicos en un momento crítico de la pandemia. Según el fiscal, los imputados eran conscientes de que no pertenecían a los grupos priorizados para recibir la vacuna durante un periodo de escasez, lo que agrava su situación legal. Entre los citados, se encuentran figuras de relevancia política y social.

Además de Duhalde y Taiana, la lista incluye a la esposa de Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, y al diputado nacional Eduardo Valdés. También se han convocado a familiares de otros exfuncionarios, como Patricia Alsua, esposa del exprocurador Carlos Zannini, y a otros exintendentes y sus parejas. Esta acción judicial marca una nueva etapa en la investigación del Vacunatorio VIP, que ya había llevado a juicio a otros funcionarios implicados en la organización de este esquema irregular.

La jueza Capuchetti ha establecido un cronograma para las indagatorias, que comenzará en octubre y se extenderá hasta diciembre, lo que indica que la justicia avanza en la búsqueda de esclarecer los hechos ocurridos entre 2020 y 2021. El caso del Vacunatorio VIP ha generado gran controversia en la sociedad argentina, ya que revela cómo se manejaron las vacunas en un contexto de crisis sanitaria.

Las acusaciones de privilegio y uso indebido de recursos públicos han suscitado un fuerte debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de su cargo. La figura del peculado, bajo la cual se enmarcan estas imputaciones, contempla la malversación de bienes públicos y se aplica especialmente en situaciones donde el funcionario tiene la custodia de dichos recursos.

En este caso, la conducta de los acusados no solo afectó la distribución equitativa de las vacunas, sino que también contribuyó a la desconfianza pública hacia las instituciones durante un momento crítico. Con esta citación a indagatoria, la justicia busca abordar las irregularidades que marcaron la gestión de la vacunación en Argentina y garantizar que quienes abusaron de su posición de poder enfrenten las consecuencias de sus actos. La sociedad espera que este proceso judicial no solo aclare los hechos, sino que también sirva como precedente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.