La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió el respaldo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. El dictamen obtuvo 44 firmas, consolidando el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. Sin embargo, se registró una disidencia parcial de la diputada Gisela Scaglia, de Provincias Unidas.

Una de las principales modificaciones del proyecto es la exclusión de quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años de los beneficios del régimen simplificado. Esta decisión responde a las demandas de los aliados del oficialismo, con el objetivo de aumentar la transparencia y la justicia impositiva. El texto también incluye una reducción de las multas para las pequeñas y medianas empresas, en un intento por aliviar la carga tributaria sobre este sector.

El nuevo régimen, denominado "Inocencia Fiscal II", modifica la Ley de Procedimiento Tributario y el Registro del Trabajo Rural, eliminando los topes de patrimonio e ingresos que limitaban el acceso al régimen. A partir de ahora, no habrá límites de $10.000 millones de patrimonio ni de $1.000 millones de ingresos para los contribuyentes que quieran adherir, siempre y cuando cumplan con la residencia fiscal argentina y no estén categorizados como Gran Contribuyente Nacional. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, destacó que la norma busca brindar "máxima certeza jurídica" a los contribuyentes cumplidores y aclaró que no se pretende castigar a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. "Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día", sostuvo.

La propuesta ha generado un amplio debate en el ámbito político, donde algunos opositores han criticado la medida, argumentando que podría beneficiar a grandes contribuyentes en detrimento de los pequeños. Desde el oficialismo, en cambio, defienden los cambios como un paso necesario hacia un sistema tributario más equitativo que incentive el cumplimiento fiscal. Con la media sanción en el horizonte, el oficialismo espera consolidar esta reforma como parte de su agenda de cambios estructurales en el sistema tributario argentino. La aprobación del régimen de Inocencia Fiscal II podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y los contribuyentes, promoviendo un entorno más favorable para quienes buscan cumplir con sus obligaciones fiscales.