El proyecto de reforma apunta a establecer un nuevo régimen que regule las condiciones de ingreso, ascensos, movilidad y remuneraciones en el sector público.

La Casa Rosada busca iniciar negociaciones con los gremios antes de fin de año, aunque reconoce que la implementación del nuevo esquema dependerá de la modificación del convenio colectivo actual. Algunos funcionarios han señalado que la reforma podría instrumentarse por vía administrativa y no requeriría de una ley específica, aunque para avanzar, deberán acordar cambios en el convenio vigente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha manifestado que el margen para recortar el gasto público se ha reducido considerablemente. Alrededor de dos tercios del gasto primario del Estado están indexados por ley, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para realizar ajustes significativos. Por otro lado, el 30% restante de las partidas es discrecional y ya ha sufrido recortes en los últimos tres años. La situación es compleja, ya que el Gobierno se ha propuesto alcanzar un superávit primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026, un objetivo que, según analistas, requerirá un aumento en la actividad económica y la recaudación.

A pesar de que el superávit fiscal está en la agenda del Gobierno, la reforma del empleo público se presenta como un desafío adicional. Javier Milei ha expresado que la revisión de la carrera del sector público es fundamental para lograr una administración más eficiente. En este contexto, el Presidente ha mencionado que Federico Sturzenegger trabaja en la reconsideración de la carrera de los agentes del Estado, buscando que el desempeño tenga un impacto relevante en sus remuneraciones y ascensos.

Sin embargo, la negociación con los gremios no ha comenzado formalmente. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han indicado que, hasta el momento, no han recibido convocatorias para discutir los cambios propuestos en la carrera administrativa central. Solo han sido convocados a discutir convenios colectivos de organismos específicos, como PAMI y ANSES, que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo.

El avance en la reforma del empleo público, en un marco de ajuste fiscal y gastos crecientes, será un tema crucial en la agenda del Gobierno. Con el objetivo de optimizar la administración pública y garantizar la sostenibilidad fiscal, la Casa Rosada enfrenta el reto de equilibrar las demandas de los trabajadores estatales con la necesidad de implementar cambios que aseguren un manejo eficiente de los recursos públicos. La implementación de esta reforma se presenta como un paso necesario para la administración de Milei, que busca no solo mantener el superávit fiscal, sino también modernizar la estructura del empleo público argentino, en un contexto donde cada decisión tendrá repercusiones en la economía y en la sociedad.