La iniciativa, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca facilitar el acceso de más ciudadanos al sistema bancario sin penalidades.

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados, se centra en ampliar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y reforzar las garantías jurídicas para los contribuyentes.

Según estimaciones del Banco Central, alrededor de 170.000 millones de dólares están atesorados fuera del sistema formal, mientras que los depósitos en moneda extranjera rondan los 40.000 millones.

Con esta medida, el Gobierno pretende movilizar estos fondos hacia la banca. Durante la presentación del proyecto, Caputo enfatizó que se mantendrá el espíritu de la ley original, aprobada previamente por el Congreso.

Sin embargo, se realizarán ajustes técnicos basados en el trabajo con tributaristas para resolver inquietudes surgidas entre asesores impositivos. Aclaró que esta modificación no introduce un nuevo blanqueo de capitales, sino que adapta el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025, permitiendo que más personas se adhieran a él.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen simplificado. Hasta ahora, solo aquellos con un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos y con ingresos anuales de hasta 1.000 millones podían beneficiarse. Con la nueva propuesta, se busca que cualquier residente en Argentina, sin importar su nivel de ingresos, pueda optar por esta modalidad.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el proyecto al afirmar que la economía argentina necesita establecer metas estrictas y restricciones en la política monetaria. Destacó que este tipo de iniciativas pueden generar una baja de la tasa de interés y de la inflación, lo que podría mejorar el consumo en el país.

Ravier subrayó que el Gobierno no tiene intención de investigar a quienes traigan sus ahorros al sistema formal, buscando así generar confianza en la población. Además, el proyecto incluye cambios en la modalidad de fiscalización y en los plazos para revisar declaraciones juradas, buscando un equilibrio entre las facultades de fiscalización del Estado y las garantías de los contribuyentes.

Estas modificaciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan formalizar sus ahorros en el sistema bancario. La presentación de este proyecto se produce en un contexto donde el Gobierno busca implementar políticas que incentiven la inversión y la formalización de ahorros, en un momento crítico para la economía argentina.

Con más de 330.000 contribuyentes ya adheridos al régimen de inocencia fiscal anterior, el Ejecutivo espera que esta nueva medida impulse aún más la bancarización y contribuya a la estabilidad económica del país.

El proyecto de 'Inocencia Fiscal II' representa un paso significativo hacia la inclusión financiera de millones de argentinos que, hasta ahora, han mantenido sus ahorros fuera del sistema bancario.

Con la promesa de un marco regulatorio más amigable y la eliminación de penalidades, el Gobierno busca transformar la cultura del ahorro en el país, promoviendo un entorno económico más robusto y seguro.