Las abogadas querellantes denunciaron una campaña de presiones sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, mientras uno de los cuatro exaltos mandos acusados concedía una entrevista pública para cuestionar la acusación en vísperas del veredicto. El 8 de julio, los imputados pronunciarán sus últimas palabras. Después de eso, los jueces quedarán en condiciones de dictar sentencia, aunque sin fecha definida aún.

En el banquillo están el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; el excapitán de navío Claudio Villamide, ex jefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío retirado Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata retirado Hugo Correa, ex jefe de Operaciones. Los cuatro llegaron al proceso en libertad y niegan los cargos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán con el respaldo de Lucas Colla, Julio Zárate y María Garmendia, pidió las penas más altas para López Mazzeo y Villamide: cinco años de prisión efectiva para cada uno. Para Alonso solicitó cuatro años y para Correa tres. El argumento central de la acusación es que los cuatro sabían del estado deficiente del submarino y que, pese a las advertencias técnicas acumuladas, autorizaron su operación sin adoptar medidas para neutralizar el riesgo. "El resultado era predecible", resumió la fiscalía en su alegato. Como prueba, citó un acta del 30 de abril de 2017 —siete meses antes de la tragedia— elaborada en una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina, que ya documentaba fallas en el sistema de refrigeración, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, sensores con problemas y detectores de gases fuera de servicio. También destacó que una inspección de seguridad fue postergada para diciembre de 2017: el submarino se fue al fondo el 15 de noviembre.

Las abogadas de los familiares, Lorena Arias y Valeria Carreras —que comparten representación con Fernando Burlando—, pidieron al tribunal las mismas penas que la fiscalía: cinco años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para cada uno de los cuatro acusados. En su alegato, Arias fue directa: "El submarino dijo y escribió su propia historia. Los acusados que tenemos aquí sentados firmaron el capítulo final". La frase con la que cerraron su comunicado de esta semana fue igualmente contundente: "El mar no los hundió. Fueron los hombres".

Fue ese mismo comunicado el que denunció lo que las querellantes llamaron una "presión mediática y política" sobre los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini. Señalaron que distintos medios nacionales venían reproduciendo los argumentos de las defensas sin contrapunto y que sobre el tribunal se ejercía presión "valiéndose del poder institucional que aún detentan los acusados". El contraste que trazaron fue deliberado: ellas representan a suboficiales y familiares "sin padrinos políticos, sin fortuna", muchos del interior del país, que llevan más de ocho años reclamando respuestas. "Este juicio no es contra la Armada Argentina —aclararon en el texto—. Es por 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores".

Mientras circulaba el comunicado, Villamide recibía a Infobae en su hotel del centro de Río Gallegos, a media cuadra del tribunal, con los ojos cansados pero el tono medido de quien lleva casi nueve años en este proceso. Su abogado, Juan Pablo Vigliero, había cerrado días antes un alegato de más de dos horas en el que pidió la nulidad de la acusación y la absolución total de su defendido. El argumento fue que el debate oral no logró establecer qué provocó la implosión del submarino a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017. "Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó", planteó ante el tribunal, antes de formular la pregunta que recorrió toda su exposición: "No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce?".

Vigliero cuestionó que la acusación no precisó cuál era el deber de cuidado concreto que Villamide habría violado ni de qué manera sus decisiones se vinculaban con el desenlace. Sostuvo que su defendido actuó dentro de la estructura jerárquica de la Armada, "sin apartarse ni un ápice de los reglamentos navales", y que el comandante del submarino, el capitán Pedro Fernández, tenía autonomía para resolver las emergencias ocurridas durante la navegación. No buscaba, aclaró, cargar toda la responsabilidad sobre un hombre que murió con sus tripulantes: quería explicar la distribución reglamentaria de funciones. "Ser el primer responsable no significa ser culpable de todo lo que pase", dijo. Y al final: "No podemos tapar una tragedia con una injusticia".

El 6 de julio expondrán los defensores de los otros tres imputados. El 8, los cuatro acusados tendrán su última oportunidad de hablar ante los jueces. Después de eso, el tribunal deliberará. El ARA San Juan zarpó de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, desapareció el 15 de noviembre y fue hallado un año después a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Sus 44 tripulantes murieron con él. Para las familias que llevan casi nueve años frente a los tribunales, el veredicto que se avecina es la última frontera de una espera que ya tiene nombre propio.