El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por un plazo de 20 años, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del país.
Por El Patriota
La resolución 1379/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, detalla que los tramos abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza. Según Caputo, "la inversión será 100% privada", lo que implica que los nuevos operadores asumirán la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los corredores, además de ofrecer servicios a los usuarios bajo un sistema de peaje. Los corredores adjudicados son: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste y Cuyo.
La estructura de tarifas propuesta por las empresas ganadoras varía entre los diferentes tramos, siendo la más baja de $1.399 sin IVA para el Tramo Centro, adjudicado al consorcio integrado por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A. Por su parte, el Tramo Centro Norte fue otorgado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. a un costo de $2.175 sin IVA.
En cuanto al Tramo Mesopotámico, la adjudicación recayó en IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., que presentaron una oferta de $3.564,99 sin IVA. El Tramo Noroeste fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L. por $2.285 sin IVA. Además, el Tramo Litoral quedó en manos de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04 sin IVA, mientras que Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi se encargarán del Tramo Noreste, con un costo de $2.950 sin IVA.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Javier Milei, que busca modernizar la infraestructura del país y fomentar la participación del sector privado en la gestión de servicios públicos. La privatización de Corredores Viales S.A. se había iniciado tras la aprobación de la Ley 27.742, que definió a la empresa como "sujeta a privatización". Con estas concesiones, el Gobierno espera no solo mejorar la calidad de las rutas nacionales, sino también generar un impacto positivo en la economía local a través de la creación de empleo y la atracción de inversiones.
La propuesta incluye no solo la mejora de la infraestructura vial, sino también la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales para las empresas adjudicatarias, lo que podría traducirse en una mayor oferta de servicios para los usuarios.La adjudicación de estos ocho corredores nacionales representa un paso significativo hacia la revitalización de la infraestructura vial en Argentina y un compromiso del gobierno por fomentar la inversión privada en sectores clave para el desarrollo del país.
