El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, determinó que los legisladores no lograron demostrar la existencia de “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que justificaran la adopción de una medida cautelar antes de escuchar al Estado Nacional. De esta manera, la derogación de la Ley 26.737, que limitaba la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras, continúa en vigor. Esta decisión se enmarca dentro del contexto de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, quien en diciembre de 2023 dictó el DNU 70/2023 que eliminó las restricciones previas.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la vigencia del artículo 154 del mencionado decreto, fue una de las razones que llevó a Pichetto y Massot a presentar su recurso judicial. El juez Regueira también otorgó un plazo de cinco días hábiles al Gobierno para que presente un informe a través de la Procuración del Tesoro, antes de que el tribunal se pronuncie definitivamente sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. Esto implica que la desregulación territorial se mantendrá operativa en todo el país mientras se espera la respuesta oficial.

El rechazo al pedido de los diputados se produce en un contexto donde la cuestión de la propiedad de tierras por parte de extranjeros ha generado un amplio debate en la sociedad argentina. Los detractores de la medida argumentan que esta desregulación podría poner en riesgo la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, mientras que los defensores sostienen que fomenta la inversión y el desarrollo económico.

La decisión del juez Regueira se suma a la reciente revocación por parte de la Corte Suprema de un fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional la derogación de la ley de tierras en una causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En esa ocasión, el máximo tribunal consideró que la agrupación carecía de legitimación activa para litigar, sin pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto. Con esta resolución, el gobierno de Milei sigue avanzando en su agenda de reformas, buscando desregular el acceso a tierras y promover un clima favorable para las inversiones extranjeras.

La gestión actual sostiene que estas medidas son necesarias para revitalizar la economía y atraer capitales que contribuyan al crecimiento del país.

La decisión del juez Regueira reafirma la postura del gobierno y marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la propiedad de tierras en Argentina, un tema que promete seguir generando controversias y debates en un contexto político y económico marcado por cambios significativos.