La causa se originó en abril, a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que fue remitida a Comodoro Py tras la declaración de incompetencia de la Justicia porteña.

Recientemente, la Cámara Federal resolvió una disputa sobre la competencia y confirmó que el caso quedara bajo la órbita del juzgado de Lijo. Este hecho es significativo, ya que Tapia, además de su cargo en la AFA, ocupó un puesto relevante en la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires hasta 2024. El cargo que ocupó Tapia en la Ceamse es clave, ya que solo funcionarios pueden ser investigados por enriquecimiento ilícito.

El juez Lijo tiene la autoridad para examinar las finanzas de Tapia en relación con su actividad en la empresa estatal, que maneja las operaciones de residuos en la región mencionada. Además de esta causa, Tapia enfrenta otros problemas legales, incluido un caso en la Justicia de Campana relacionado con la administración de una quinta en Pilar, así como un proceso por presunta evasión impositiva. En este último caso, se encuentra procesado junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien también ha formulado denuncias en el marco de estos procedimientos judiciales.

En medio de este contexto, la Cámara Federal resolvió que la denuncia presentada por Toviggino sobre el expediente impositivo debe tramitarse en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti. El tesorero sostiene que existe un complot en su contra por parte del juez que lo procesó, Diego Amarante, y las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estas acusaciones deberán ser evaluadas en el curso de la investigación.

La situación de Tapia ilustra cómo la justicia argentina continúa investigando posibles irregularidades en la gestión pública, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. La resolución de la Cámara Federal y el avance de la causa bajo la dirección del juez Lijo reflejan el compromiso de las instituciones por esclarecer estos asuntos, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.

La causa que enfrenta Tapia es parte de un panorama más amplio en el que se investigan diversos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito en el país. Estas acciones judiciales buscan asegurar que los funcionarios públicos actúen con integridad y respeto hacia la ciudadanía, un objetivo que se vuelve cada vez más crucial en el escenario actual.