La polémica comenzó cuando Pascual dictó una resolución que suspendía por 60 días la aplicación de la nueva ley, aprobada el 5 de septiembre. Esta normativa introduce cambios significativos en el tratamiento de los menores que cometen delitos, estableciendo que el sistema penal aplicable a adolescentes comienza a los 14 años.

La jueza justificó su decisión al señalar que las condiciones de los centros de detención en Lomas de Zamora no garantizaban un tratamiento humanitario adecuado para los menores, lo que la llevó a aceptar un habeas corpus colectivo que solicitaba la suspensión de la norma.

Las denuncias contra Pascual fueron presentadas por Alfredo Drocchi, exjuez y abogado; Manuel Passaglia, diputado provincial; y Guillermo Montenegro, también diputado y exintendente de Mar del Plata. Los denunciantes acusan a la magistrada de extralimitarse en sus funciones y de emitir una resolución que contraviene la Constitución Nacional y la ley vigente, calificando su conducta de “presunto abuso de autoridad”.

Drocchi, quien lidera uno de los pedidos, sostiene que la jueza ha cometido un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que se refiere al abuso de autoridad. Esta situación ha reavivado el debate sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil, que busca, entre otros objetivos, fomentar la responsabilidad legal de los adolescentes y su reinserción social.

La ley 27.801, que reemplaza un sistema de más de cuatro décadas, fue concebida para garantizar los derechos de los menores en conflicto con la ley penal, estableciendo un marco específico que abarca desde la imputación hasta las sanciones. Sin embargo, la resolución de Pascual ha generado críticas de legisladores que consideran que la jueza no debería tener la potestad de frenar la implementación de una ley aprobada por el Congreso.

En medio de este debate, varios legisladores han expresado su preocupación por el impacto que la suspensión del régimen penal juvenil podría tener en la seguridad pública. Gisela Scaglia, diputada del PRO, argumentó que es fundamental ampliar la infraestructura carcelaria en la provincia para evitar que la falta de espacios adecuados sea utilizada como excusa para no aplicar la ley.

Por su parte, Bárbara Andreussi, de La Libertad Avanza, calificó la decisión de Pascual como un “disparate”, señalando que la jueza debería enfocarse en garantizar el cumplimiento de la ley en lugar de paralizar su aplicación. Este episodio pone de manifiesto las tensiones existentes en el sistema judicial y político argentino, especialmente en lo que respecta a la justicia juvenil.

La situación de la jueza Marta Pascual y los pedidos de juicio político en su contra reflejan la polarización del debate sobre cómo abordar la delincuencia juvenil en el país, en un contexto donde la seguridad es un tema prioritario para el gobierno de Javier Milei.

La continuidad de la discusión en torno al nuevo régimen penal juvenil y el futuro de la jueza Pascual se perfilan como temas centrales en la agenda política de los próximos días, mientras se espera una resolución sobre los pedidos de juicio político que podrían tener un impacto significativo en su carrera judicial.