El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda precaria del barrio Matadero, donde Alberto Luis Ávalos, de 25 años, es el principal acusado.

Según la reconstrucción de los hechos, Ávalos estranguló a su pareja, Rocío Aranda, y luego degolló a un hijo de ella y a dos sobrinos. Posteriormente, tomó a su bebé de seis meses en brazos y provocó un incendio en la casa. Tras el incendio, intentó quitarse la vida, pero fue rescatado por vecinos que se encontraban en la zona.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, describió el ataque como "de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953". Esta declaración refleja la conmoción que ha generado la masacre en una localidad que cuenta con poco más de 32 mil habitantes, según el último censo nacional de 2022.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Ávalos inconsciente en la parte frontal de la vivienda. El bebé, por su parte, falleció por inhalación de humo, según informaron las autoridades. La situación se complicó aún más por la devastadora pérdida de vidas inocentes, lo que ha llevado a la comunidad a cuestionarse sobre la seguridad y la violencia que azotan a la región.

Ávalos ha sido trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece detenido a disposición de la Justicia. Las autoridades han comenzado una investigación exhaustiva que incluye la toma de muestras genéticas a los detenidos, con el objetivo de esclarecer todos los detalles de esta tragedia.

Este caso ha generado un profundo impacto en la sociedad chaqueña, que se encuentra atónita ante la violencia extrema que se ha desatado en sus comunidades. Las autoridades locales, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, están pidiendo medidas urgentes para abordar la problemática de la violencia de género y la protección de la infancia.

Mientras la comunidad se encuentra en estado de shock, se espera que las investigaciones avancen y se logre justicia para las víctimas de esta brutal masacre. La situación pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra la violencia, así como la importancia de generar conciencia sobre la protección de los más vulnerables.