Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió el miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y apuntó directo contra Aníbal Fernández.

La audiencia se celebró ante el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico. El juicio investiga el presunto desvío de 206 millones de pesos —el 23% del presupuesto total— de los 748 millones que el gobierno de Cristina Kirchner transfirió a la Fundación entre 2008 y 2011 para construir viviendas sociales.

Según el relato de Schoklender, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat convenció a Hebe de Bonafini para que le transmitiera el pedido a Aníbal Fernández, quien por entonces, en sus propias palabras, "monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, era medio el dueño de todo". La propuesta era concreta: armar un operativo judicial sostenido contra la oposición macrista. "Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento", declaró.

El mecanismo, según Schoklender, funcionaba así: Barcesat convenció a Bonafini, ella gestionó el apoyo de Fernández, y se montó un centro de investigación dentro de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo que recibía un subsidio fijo canalizado directamente al abogado. "La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO, en Capital, por supuesto", sostuvo ante el tribunal.

Un dato de los registros oficiales de la época refuerza el cuadro: en 2008, mientras Fernández ejercía como ministro, Barcesat fue designado profesor titular de Derecho Constitucional en esa misma universidad.

La réplica del acusado

Barcesat, de 86 años, respondió sin rodeos. "Todo eso es una fantasía de ese hombre", dijo a La Nación. Reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero rechazó cualquier vínculo con una eventual fabricación de causas contra opositores. Describió su relación con las Madres de Plaza de Mayo como la de un asesor ad honorem, motivado por su compromiso ideológico con los derechos humanos. No es su único lazo con el kirchnerismo: en 2013, el gobierno de Cristina Kirchner lo propuso como conjuez para la Cámara de Casación.

El imputado que niega todo

La acusación contra Schoklender es grave. Junto a su hermano Pablo, se le imputa haber desviado más de 200 millones de pesos a través de una red de empresas. Una de ellas, Meldorek SA —de la cual adquirió el 90% de las acciones—, fue utilizada para comprar aviones y vehículos de lujo, incluyendo una Ferrari.

Ante los jueces, sin embargo, Schoklender sostuvo la versión contraria: "Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores." Fue más allá y reivindicó el programa como "el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción". Explicó que volcó recursos propios para sostener la estructura logística del plan, incluyendo dos aviones comerciales comprados con fondos personales.

En cuanto a la dimensión política del proyecto, reiteró lo que ya había dicho en su primera indagatoria en marzo: la Fundación funcionaba como un aparato militante del kirchnerismo, por orden de Bonafini. Y añadió que entre las fuentes de financiamiento figuraban aportes del expresidente venezolano Hugo Chávez: "Alguno se perdió en el camino", admitió.

Hebe de Bonafini había sido enviada a juicio como partícipe de la maniobra, pero su muerte extinguió la acción penal. La Fundación fue aceptada como querellante, con el argumento de que la institución resultó damnificada por las maniobras de los hermanos Schoklender.

Lo que comenzó como un juicio por viviendas sociales lleva semanas sumando capas políticas. La acusación del miércoles colocó a Aníbal Fernández en el centro del expediente y puso al descubierto, según el testimonio bajo juramento de uno de los propios imputados, el uso del Estado como herramienta de persecución judicial contra la oposición.