La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió este jueves el veredicto que había dejado libres a los ex titulares del organismo cinematográfico y a dos productores, al concluir que el tribunal de juicio incurrió en un análisis arbitrario tanto de los hechos como del derecho aplicable.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones de dos exdirectores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de dos productores audiovisuales, y ordenó dictar un nuevo fallo. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Sala IV, hicieron lugar al recurso del fiscal y dispusieron que la causa vuelva a sentencia.
El Tribunal Oral Federal N° 2 había absuelto a los ex presidentes del INCAA Liliana Mazure y Jorge Álvarez, junto con los productores Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito, acusados del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. El juicio había comenzado el 3 de junio de 2025, bajo la conducción de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, y concluyó con la absolución de todos los imputados el 14 de octubre de ese año.
La investigación arrancó con una denuncia anónima en 2007. La causa estuvo originalmente a cargo del juez Claudio Bonadio, quien procesó a los funcionarios hace casi dos décadas. Entre los acusados figuraba también el ex titular del INCAA Jorge Coscia, quien presidió el organismo entre 2002 y 2005, pero falleció en octubre de 2021, antes de que comenzara el debate oral, por lo que la acción penal contra él quedó extinta.
El eje del caso
La maniobra investigada se relaciona con irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios entre las autoridades del INCAA y distintos productores, en virtud de los cuales se habrían liberado indebidamente fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico. La acusación señaló que los funcionarios que administraban esos recursos no dispusieron las medidas necesarias para verificar la efectiva progresión de las obras, y que muchas de las producciones en cuestión nunca se realizaron.
Uno de los proyectos centrales del expediente es "La Historia de América Latina", una serie de 63 episodios coproducida con Sokolowicz y Rovito. Aunque los productores percibieron la totalidad del aporte del INCAA, que ascendió a 16 millones de pesos, solo se entregaron 18 de los 63 capítulos convenidos. El otro proyecto involucrado es "La misión de Aukán", vinculado al productor Alejandro Tossenberger, quien fue absuelto al cierre del debate porque la fiscalía no mantuvo la acusación en su contra.
Por qué Casación anuló el fallo
La Sala IV sostuvo que el tribunal oral partió de una premisa equivocada al determinar el alcance de los deberes que correspondían a los presidentes del INCAA en el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico, y que ese error impactó directamente en el examen de los hechos. El tribunal de alzada subrayó que la discrecionalidad reconocida por la ley de fomento cinematográfico no eximía a los funcionarios del deber de actuar con razonabilidad, transparencia y fidelidad al patrimonio público.
El juez Hornos enfatizó que, a partir de la reforma constitucional de 1994 y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción, el Estado está obligado a garantizar sistemas de contratación pública basados en la transparencia y criterios objetivos. Borinsky, por su parte, advirtió que los funcionarios públicos tienen deberes reforzados hacia la sociedad precisamente por el rol especial que el Estado les confía, y que el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración es, por esa misma razón, una figura de especial gravedad.
El tribunal también cuestionó que el TOF 2 hubiera descartado el perjuicio patrimonial sin un examen integral de los peritajes contables incorporados al debate, que constituían la prueba técnica específicamente destinada a acreditar ese extremo. En particular, señaló que el tribunal oral no había explicado de manera satisfactoria cómo los incumplimientos contractuales admitidos por los propios imputados resultaban compatibles con la afirmación de que no hubo daño económico al Estado.
Con la nulidad dictada, la causa deberá ser remitida para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Los imputados —Mazure, Álvarez, Sokolowicz y Rovito— permanecen en libertad hasta que ese proceso concluya.
Después de una década de descontrol, tolerancia estatal y ausencia de regulación efectiva sobre las aplicaciones de transporte, el gobierno de Jorge Macri anunció una reforma que busca ordenar el sistema, aunque lo hace con un esquema que ya despierta cuestionamientos por la desigualdad de criterios entre plataformas y taxis.
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