La medida llega tras años en los que la Ciudad permitió, en los hechos, el funcionamiento masivo de Uber, Cabify y DiDi sin un marco regulatorio claro, mientras el sector de taxis seguía sometido a un régimen rígido, costoso y cargado de trámites. Ahora, el Ejecutivo porteño intenta corregir ese vacío con una batería de cambios que combina nuevas exigencias para los conductores de aplicaciones y una fuerte flexibilización para los taxistas.

El anuncio se produjo pocas semanas después de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo cuestionara la pasividad del Estado porteño frente al crecimiento de las plataformas digitales. En ese fallo, la Justicia sostuvo que las apps prestan un servicio de transporte y no pueden seguir operando bajo un vacío normativo que las coloque en una situación privilegiada frente a taxis y remises.

Sin embargo, lejos de establecer un esquema homogéneo, la reforma plantea un sistema de beneficios para el taxi mientras traslada nuevas obligaciones a los conductores de aplicaciones, muchos de los cuales trabajan de manera informal o como complemento de ingresos en un contexto económico recesivo.

Los choferes de Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar licencias profesionales, tener más de 21 años, contratar seguros especiales y mantener la VTV al día. Aunque el Gobierno promete trámites simplificados, la nueva regulación implica costos adicionales y mayores barreras de ingreso para miles de conductores que hasta ahora operaban con licencias particulares.

En paralelo, el Ejecutivo decidió avanzar en sentido inverso con el sector de taxis: eliminó requisitos históricos, redujo controles administrativos y flexibilizó condiciones operativas. Entre otras medidas, dejará de ser obligatorio el escribano para transferencias de licencias, desaparecerán los turnos fijos y las credenciales físicas, y hasta se eliminará la exigencia de uso de camisa para los conductores.

También se ampliará el tipo de vehículos permitidos, habilitando autos más pequeños y camionetas familiares de hasta ocho plazas, en una señal explícita de alivio regulatorio para un sector que perdió competitividad frente a las plataformas digitales. Actualmente funcionan alrededor de 17.000 licencias activas en la Ciudad.

La reforma deja expuesta además la responsabilidad política acumulada por sucesivas gestiones porteñas. Durante años, la Ciudad sostuvo un sistema contradictorio: mientras perseguía formalmente a las aplicaciones en el plano judicial y administrativo, permitía que millones de viajes se realizaran a través de plataformas sin controles equivalentes ni regulación efectiva.

Ahora, el gobierno de Jorge Macri busca cerrar esa etapa, aunque lo hace con un esquema que para muchos conductores de aplicaciones implica regularizar una actividad que el propio Estado dejó crecer durante años sin reglas claras, y cuyos costos recaerán principalmente sobre quienes manejan, mientras las empresas tecnológicas mantienen intacto su modelo de negocios.

Tras el anuncio, Uber aseguró que adaptará su funcionamiento a las nuevas pautas definidas por la Secretaría de Transporte de la Ciudad.