La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este viernes un fallo que sacude al sindicalismo argentino: anuló los comicios de la Unión Obrera Metalúrgica, ordenó el desplazamiento inmediato de sus autoridades nacionales y dispuso la intervención judicial del gremio por seis meses. La resolución deja sin efecto la reelección de Abel Furlán, uno de los dirigentes gremiales más activos en la oposición a la conducción de la CGT.

Con las firmas de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, la Cámara hizo lugar al planteo de la Lista Naranja de Campana, declaró inválidas las elecciones realizadas en esa seccional entre el 2 y el 4 de marzo y extendió la nulidad a los comicios nacionales del 18 de marzo, en los que Furlán había sido reelegido al frente del sindicato.

La resolución dispuso además el desplazamiento inmediato de las autoridades surgidas de esas elecciones, tanto en Campana como en la conducción nacional, y ordenó la intervención judicial del gremio por 180 días. El encargado de conducir esa etapa será el abogado Alberto Biglieri, con atribuciones de administración, control y fiscalización, y la responsabilidad de convocar a nuevos comicios.

El fallo tiene un peso político que excede lo interno. Furlán es uno de los principales referentes del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), un polo gremial que le disputa espacios a la CGT. El espacio, que reúne a más de 120 organizaciones de la CGT y la CTA, tiene como caras visibles a Daniel Yofra (Aceiteros), Abel Furlán (UOM) y Rodolfo Aguiar (ATE). La caída del metalúrgico en la conducción de su propio gremio golpea directamente esa estructura.

El conflicto tiene raíz en los comicios seccionales de Zárate-Campana. La Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso —quien había renunciado como secretario de organización de la seccional en diciembre de 2025 por diferencias con Furlán— denunció irregularidades como adulteración de padrones, cambio de lugares de votación, intimidaciones a fiscales para forzarlos a rubricar actas contra su voluntad y hostigamiento de barras bravas. El oficialismo se había proclamado ganador con el 85% de los votos.

Un escenario similar al de Campana se registraba en La Plata, donde el Juzgado Nacional del Trabajo N° 14 había dictado una medida cautelar que impedía la asunción del candidato oficialista Antonio Di Tomasso, tras denuncias de fraude, manipulación de urnas y alteración de padrones.

Lo que agrava la situación de Furlán es que no sólo ignoró las advertencias previas de la Justicia, sino que las desafió abiertamente. Cuando la Cámara ordenó suspender el congreso nacional, el sindicato lo realizó de todas formas, bajo el argumento de que no había sido notificado del fallo. Furlán obtuvo en esa votación el 80% de los votos de los congresales —215 sobre 270— con el respaldo de 48 de las 53 seccionales del país. Ese acto de desobediencia es parte del contexto que el tribunal tomó en cuenta para avanzar con la medida más drástica.

Frente a ese cuadro, el Gobierno prefirió no intervenir. La Secretaría de Trabajo señaló que debía ajustarse al decreto 342 —dictado en mayo de 2025— que limitó la injerencia del Estado en los procesos electorales sindicales, priorizando la autonomía y autodeterminación de los gremios.

Ahora el interventor Biglieri deberá restablecer el orden administrativo del sindicato y convocar, dentro del plazo establecido, a elecciones que le devuelvan una conducción con respaldo legal. Para Furlán, el fallo es un golpe doble: pierde el gremio que lo catapultó al centro del mapa sindical y queda debilitado al frente del Fresu en un momento en que ese espacio buscaba consolidarse como alternativa real a la CGT.