La respuesta fue un aporte extraordinario de $580.270 millones, instrumentado mediante emisión de deuda pública, para que el organismo pueda pagarles a sus prestadores y garantizar la continuidad de los servicios médicos a jubilados y personas con discapacidad.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno afirmó que "en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $580.270.262.261,46". La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El dinero no saldrá del Tesoro en efectivo. El financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos entre julio y septiembre de este año. El primer tramo, equivalente al 33% del total, vence el 31 de julio con un valor nominal de $173.672 millones; el segundo tramo, también del 33%, vence el 31 de agosto con $164.037 millones; y el 34% restante, por $187.363 millones, vence el 30 de septiembre. Todos los instrumentos deberán ser reembolsados dentro del mismo ejercicio financiero, según establece la Ley de Presupuesto 2026.

Desde el organismo intentaron reencuadrar el alcance del auxilio. "El financiamiento por parte del Tesoro Nacional es una práctica administrativa y contable habitual que se realiza en PAMI. A lo largo de estos años de gestión la obra social ha contado con los aportes que fue necesitando", señalaron desde la institución.

Pero el contexto en el que llega la medida no deja mucho margen para la lectura rutinaria. Desde al menos abril, gobernadores de distintas provincias —incluyendo algunos cercanos al oficialismo, como el de Córdoba— reclamaron públicamente por la falta de pago de prestaciones básicas. Los prestadores calcularon que la deuda acumulada del PAMI con el sector ronda los $500.000 millones. Los hospitales provinciales y municipales, en varias jurisdicciones, comenzaron a absorber a jubilados que ya no encontraban atención en el sector privado.

La presión judicial fue otro factor decisivo. El 18 de mayo, el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar contra el programa Incluir Salud —dependiente del Ministerio de Salud— y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden personas con discapacidad en un plazo de 72 horas. La resolución, enmarcada en un amparo colectivo, tendrá vigencia durante seis meses o hasta que haya sentencia firme. En los fundamentos del fallo, el magistrado citó el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que acumuló más de $41 millones en intereses ante el fisco durante 2026 por los atrasos en los cobros, a lo que se sumó la interrupción en la entrega de medicamentos durante febrero, marzo y abril.

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, admitió el problema pero buscó acotar su dimensión. "El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto", sostuvo.

Las voces críticas apuntaron más alto. La ex directora del PAMI Graciela Ocaña señaló que "en 2025 el Tesoro cubrió el déficit con ATN que no se distribuyeron entre las provincias. En 2026 hay un recorte y, además, en una economía donde se pierde empleo en blanco, estamos en el peor de los mundos". El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, fue más directo: "Una crisis de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá que responder por el estado del organismo el 29 de mayo, cuando está convocado a su informe de gestión ante el Congreso. Varios bloques parlamentarios ya solicitaron que la situación del PAMI integre la agenda de esa sesión.