El presidente Javier Milei usó el escenario del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para hacer un anuncio que el campo no esperaba en ese acto: una rebaja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja, extensiva también a la industria automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinarias.
"En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y, a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos", dijo el Presidente.
Para el trigo y la cebada, la rebaja es inmediata y permanente: dos puntos menos a partir de junio, sin condicionamientos. Para la soja —que tributa actualmente el 24%— el esquema es otro. La implementación completa dependerá de que Milei logre un nuevo mandato, dado que el tramo principal del recorte se proyecta para el próximo período presidencial. El cronograma detallado todavía no fue formalizado y su ritmo estará atado a la evolución de los ingresos fiscales.
El anuncio no se limitó al agro. "A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero", afirmó Milei, y aclaró que el Ministerio de Economía publicará el cronograma en los próximos días.
El contexto en el que llegan estas medidas también importa. Desde el 1° de mayo de 2026 está en vigor el Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-Unión Europea, que incorpora una cláusula que limita el uso de derechos de exportación: no podrán aplicarse nuevos impuestos ni incrementarse las alícuotas vigentes para productos destinados al mercado europeo. Las rebajas anunciadas por Milei van en la misma dirección que esos compromisos. El propio Presidente lo vinculó en su discurso: "A los pocos días de entrar en vigencia el acuerdo, los productores argentinos capturaron el 80% del cupo de exportación de miel, una clara demostración de la ambición y la capacidad de nuestra gente".
El anuncio llega, además, en el marco de una cosecha total 2025/2026 que, según diversas previsiones, superará los 160 millones de toneladas de granos, un nivel récord.
Para calibrar el costo de la medida, vale mirar lo que ocurrió a fin de año pasado. Cuando el Gobierno anunció una rebaja de retenciones para distintos cultivos en diciembre de 2025, consultoras privadas calcularon que el impacto fiscal se ubicaría entre 500 y 700 millones de dólares anuales. Romano Group lo estimó en 580 millones y LCG en 687 millones. Los nuevos recortes aún no fueron cuantificados en detalle.
La reacción del sector fue de respaldo cauteloso. La Sociedad Rural Argentina señaló que recibe "con optimismo" la reducción y la definió como una medida que "permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino", aunque sostuvo su postura histórica de reclamar la eliminación total. Desde el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales destacaron "la importancia de avanzar hacia reglas más previsibles y competitivas que reduzcan distorsiones y mejoren la formación de precios".
En el sector valoraron el rumbo planteado por el Gobierno, pero reclamaron mayor velocidad en la reducción de los derechos de exportación, en especial para la soja, cuya alícuota consideran que debería bajar más y más rápido. Varios operadores señalaron que la rebaja al trigo y la cebada resultó insuficiente para modificar las cuentas de los productores a pocas semanas del inicio de la siembra, con costos de gasoil y fertilizantes todavía elevados.
El ministro de Desregulación redactó las iniciativas junto a su secretario Alejandro Cacace y evalúa enviarlas al Congreso en los próximos días, antes del arranque del segundo semestre legislativo.
Con una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía reconoció formalmente lo que llevaba meses de reclamos en hospitales, tribunales y despachos de gobernadores: el PAMI atraviesa una "crítica situación financiera".