Petróleo, gas y minería sumaron alrededor de US$8.150 millones en oferta neta de dólares en el mercado de cambios, una cifra prácticamente idéntica a la del agro en ese mismo período, según datos del Banco Central procesados por la consultora 1816. El cambio no fue casual: detrás hay un conjunto de medidas del gobierno de Javier Milei que modificaron las reglas de juego para los inversores y aceleraron una transformación estructural que hasta hace poco era solo una promesa.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, celebró el giro con alivio explícito en su conferencia de prensa del lunes. "Si la Argentina tiene otras fuentes de dólares, ese es un alivio para el campo", dijo, reconociendo que la dependencia histórica del sector agropecuario como casi único generador de divisas siempre fue una carga desproporcionada.

La pieza central del nuevo esquema es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases sancionada por el Congreso en 2024. El instrumento ofrece a los proyectos aprobados una alícuota de Ganancias reducida del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, IVA recuperable desde la etapa preoperativa y acceso a arbitraje internacional para la resolución de disputas. En febrero de este año, el Ejecutivo prorrogó el régimen hasta julio de 2027 mediante el Decreto 105/2026, lo incorporó al upstream de petróleo y gas costa adentro y fijó un piso mínimo de inversión de US$600 millones para esas iniciativas.

Los números hablan solos. El RIGI acumula hoy 18 proyectos aprobados con compromisos de inversión que superan los US$22.500 millones, mientras que el total de iniciativas presentadas —aprobadas y en evaluación— ya roza los US$95.000 millones. Casi la totalidad de los montos validados se concentra en energía y minería: entre el 72% y el 75% corresponde a petróleo y gas, y otro 24% a 26% a litio, cobre y oro. Entre los proyectos en marcha figura el oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Chevron y Shell, con una inversión inicial de US$2.486 millones que podría triplicar la capacidad de exportación de crudo hacia fines de año. También avanza el proyecto Southern Energy para exportar gas natural licuado desde el Golfo de San Matías, en Río Negro, con una inversión total proyectada de US$15.156 millones a lo largo de 20 años. En minería, Rio Tinto invierte US$2.744 millones para ampliar su proyecto de litio en Salta hasta 60.000 toneladas anuales, y la canadiense McEwen Copper lleva adelante Los Azules, un proyecto de cobre en San Juan por US$2.672 millones.

La apertura comercial y la desregulación completaron el cuadro. El acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en febrero amplió el cupo de exportaciones de carne vacuna de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. El resultado fue inmediato: entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de carne crecieron 46% en valor respecto del año anterior, con ingresos de US$1.765 millones. Estados Unidos se consolidó como segundo destino, con 42.776 toneladas exportadas, un alza del 204% en valor.

La magnitud del cambio en perspectiva es notable. En 2025, el complejo energético-minero exportó más de US$17.000 millones, apenas US$4.000 millones menos que el complejo sojero. Las proyecciones oficiales estiman que el superávit combinado de ambos sectores podría llegar a US$21.000 millones en 2027, US$45.000 millones hacia 2030 y un máximo de US$75.000 millones en 2035. Si esos números se confirman, el agro pasaría de ser el único sostén de la balanza comercial a un pilar más dentro de una matriz exportadora genuinamente diversificada.

Sin embargo, los economistas advierten que la foto tiene sombras que no conviene ignorar. Un informe de la consultora 1816 señala que el 29% de los dólares que aportó el sector energético-minero en el cuatrimestre no provino de exportaciones netas sino de la liquidación de Obligaciones Negociables —es decir, de colocaciones de deuda en dólares de las propias empresas—, frente al 91% de origen comercial en el caso de las cerealeras. Por su parte, el economista Ricardo Arriazu advirtió que los sectores con mayor potencial de crecimiento —construcción y comercio— no exportan sino que demandan divisas, y que la transición productiva en curso destruye empleo en los sectores que concentran la mayor parte de los trabajadores antes de crear nuevos puestos en los sectores extractivos, que son intensivos en capital.

El futuro que dibuja el RIGI ya llegó, al menos en términos de divisas. Ahora la pregunta que desvela a los analistas es si una economía que genera dólares pero no empleo masivo puede sostener el ciclo sin tensiones en un año electoral. La respuesta llegará antes de lo que muchos esperan.