La pelea política entre La Libertad Avanza y Marcela Pagano subió un escalón y terminó en tribunales. Una quincena de diputados libertarios presentó una denuncia penal contra la legisladora de Coherencia, exintegrante del bloque oficialista, por presunta omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. La presentación también alcanza a su pareja, el abogado Franco Bindi, señalado en la denuncia como presunto “instigador y cómplice necesario”.

El movimiento no aparece en el vacío. Pagano venía de denunciar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su crecimiento patrimonial y por la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Ahora, el oficialismo decidió responder con la misma herramienta que la oposición suele usar con entusiasmo: el expediente judicial. La diferencia es sutil, pero importante: LLA busca instalar que la transparencia no puede ser un reflector selectivo, sino una regla para todos.

La denuncia fue impulsada por legisladores como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio, entre otros, y quedó radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal. Según la presentación citada por La Nación, el planteo se apoya en tres puntos principales: la supuesta desaparición sin trazabilidad de un inmueble identificado como “depto. 2011”, la presunta omisión reiterada de bienes de Bindi y una tenencia en divisas que los denunciantes consideran llamativa por su permanencia en el tiempo y por su fecha de origen.

El caso deja una postal interesante del nuevo clima político. Durante años, la dirigencia argentina se acostumbró a pedir explicaciones hacia afuera y administrar silencios hacia adentro. Pero el tiempo de las declaraciones juradas como trámite decorativo parece empezar a incomodar. Con Javier Milei marcando una agenda de anticasta, control del gasto y rendición de cuentas, cada papel patrimonial empieza a pesar más que un discurso indignado en el recinto.

En el oficialismo sostienen que Pagano habría utilizado recursos y facultades de su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, presuntamente mediante maniobras vinculadas a su conviviente. También plantean que habría presentado declaraciones patrimoniales incompletas y omitido bienes del grupo familiar conviviente. Todo eso deberá ser investigado por la Justicia, pero políticamente el dato ya está sobre la mesa: quien había elegido el rol de auditora del Gobierno ahora también deberá explicar su propio expediente.

La presentación incluye además un capítulo de mayor voltaje: los diputados libertarios sostienen que Bindi tendría vínculos con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, y plantean la hipótesis de que parte del presunto enriquecimiento denunciado podría tener financiamiento de origen extranjero. Es una acusación grave y deberá probarse judicialmente. Pero en términos políticos, le permite a LLA reforzar una frontera que viene marcando desde el inicio: de un lado, el alineamiento occidental y republicano; del otro, las zonas grises de una política acostumbrada a moverse entre contactos, cajas y explicaciones tardías.

Otro tramo de la denuncia apunta a cuatro personas contratadas como personal de apoyo por Pagano en la Cámara de Diputados. Según el planteo libertario, esas personas estarían relacionadas con empresas de Bindi y, luego de cobrar honorarios con fondos públicos, habrían reintegrado total o parcialmente esos montos a la diputada y su pareja. Si esa línea avanza, la discusión dejará de ser meramente patrimonial y pasará a una zona más delicada: el uso de estructuras legislativas como posible caja política.

La reacción de Pagano también dejó una imagen para leer entre líneas. Mientras Adorni iniciaba su informe de gestión en Diputados, la legisladora no estaba en el recinto. Según su entorno, se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py para aportar más elementos en la denuncia contra el jefe de Gabinete. La escena resume bien el momento: unos defienden su gestión en el Congreso, otros trasladan la pelea a los tribunales. La política argentina ya no discute sólo con discursos; también compite con carpetas.

Para La Libertad Avanza, el contraataque tiene una utilidad clara. No sólo busca responder al cuestionamiento contra Adorni, sino también ordenar un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el oficialismo no está dispuesto a dejar que exaliados, opositores o sectores reciclados monopolicen la bandera de la transparencia. En criollo, si se abre el capítulo patrimonial, se abre completo. Y esa lógica, aunque moleste, es bastante más republicana que la vieja costumbre de revisar sólo el cajón del adversario.

La Justicia deberá determinar si hay delito, irregularidades administrativas o una nueva pelea política convertida en expediente. Pero el mensaje ya quedó instalado: la transparencia no puede ser un arma de una sola mano. Pagano había elegido correr al Gobierno por el costado patrimonial; ahora el oficialismo le devuelve la discusión con una pregunta incómoda y bastante simple: si todos tienen derecho a pedir explicaciones, todos también tienen la obligación de darlas.