El Gobierno de Javier Milei detectó una nueva trama de corrupción heredada del kirchnerismo, esta vez en el PAMI, la principal obra social del país. Una auditoría interna expuso una red nacional de fraude en prestaciones oftalmológicas que se replica en al menos cinco provincias y que ya derivó en seis causas judiciales activas. El esquema, que combina sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados con conflicto de interés y cobros indebidos a los jubilados, funcionó durante años con la complicidad o la inacción de la gestión anterior.

El relevamiento, realizado mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME), demuestra que no se trata de casos aislados sino de un patrón sistemático. Las irregularidades se replican en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y la ciudad entrerriana de Concordia, con maniobras que perjudicaron tanto a las arcas del organismo como, directamente, a los afiliados.

La modalidad más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Los prestadores recetaban lentes de baja graduación correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. Según la auditoría, "un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204". La diferencia, multiplicada por cientos de casos por prestador, deriva en perjuicios millonarios.

El segundo patrón identificado es el de las prestaciones fantasma: consultas y estudios inexistentes, recetas sin historia clínica y órdenes sin respaldo médico. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes auditadas carecía de documentación clínica.

El tercer mecanismo son los circuitos cerrados con conflicto de interés: médicos que derivaban sistemáticamente a una única óptica, en varios casos con vínculos familiares directos. A esto se suman irregularidades en la facturación de consultas y, finalmente, el cobro indebido a afiliados: se ofrecían lentes premium fuera de cobertura mientras el lente básico, que debía ser gratuito, se facturaba igual al PAMI. De esta manera, el prestador percibía dos ingresos por la misma operación. La auditoría detectó casos donde los afiliados pagaron hasta USD 1.500 más $353.500 por prestaciones que les correspondían sin costo.

Los casos relevados con mayor detalle son contundentes. En Santiago del Estero, una óptica acumuló 606 casos de sobrefacturación confirmada, con un perjuicio estimado de $10,4 millones y el 95% de las recetas de un mismo médico derivadas a esa única óptica. La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el profesional derivante y el titular del comercio.

En Mar del Plata, un centro oftalmológico combinó cobros indebidos con 58 prestaciones sin historia clínica. En Entre Ríos, un solo profesional acumuló 613 casos de sobrefacturación, 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, los auditores detectaron 830 casos concentrados en un único médico. En La Rioja, tres ópticas operaban con el mismo método.

La auditoría se enmarca en un proceso más amplio de saneamiento iniciado por el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, designado en diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un déficit que pasó de $6.000 millones en marzo de 2023 a $92.000 millones en noviembre del mismo año, en plena campaña presidencial. El agujero financiero se multiplicó por más de quince en pocos meses, justo en el tramo final de la administración kirchnerista.

Entre los problemas heredados figuran la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados. La administración Leguízamo recortó aproximadamente $90.000 millones en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y todas las coordinaciones locales.

Una de las medidas estructurales de mayor impacto fue la centralización de las compras desde PAMI Central. Anteriormente, las adquisiciones se realizaban por efector, lo que dificultaba el control y, según el actual organigrama, encarecía los costos al permitir maniobras de cartelización. También se eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, una vía señalada por los auditores como propicia para inflar facturación.

Una auditoría previa, publicada hace dos semanas, había detectado otras irregularidades del mismo tenor. En el llamado "módulo de Veteranos de Guerra", los relevamientos identificaron 4.409 órdenes médicas validadas en los últimos 90 días que fueron emitidas a afiliados que no poseen ese beneficio, con un perjuicio de $102,8 millones. La investigación alcanza a más de 400 médicos de cabecera, equivalentes al 5,6% de la nómina total.

También se detectaron inconsistencias materialmente imposibles: profesionales que declaraban haber atendido pacientes en un consultorio y, una hora después, en otro establecimiento ubicado a 240 kilómetros de distancia. En el área de gastroenterología, un prestador con dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas.

La oposición y sectores sindicales cuestionaron, en paralelo, decisiones de la nueva gestión. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, denunció presuntos sobreprecios en lentes intraoculares para cirugías de cataratas, sosteniendo que el PAMI estaría pagando "entre 5 y 10 veces más que el precio de mercado". La obra social respondió que los valores que abona son menores a los de prepagas como OSDE y comparables a los de la obra social del Poder Judicial.

El caso de las prestaciones oftalmológicas representa, según fuentes del Instituto, uno de los esquemas de irregularidades más extendidos detectados en los últimos años dentro del PAMI. La gestión Leguízamo asegura haber implementado nuevos controles, auditorías continuas y sistemas de trazabilidad digital para detectar desvíos en tiempo real.

El PAMI atiende a más de 5 millones de afiliados, en su mayoría adultos mayores. Cada peso desviado por una sobrefacturación, una prestación fantasma o un cobro indebido se traduce, en términos directos, en atención sanitaria que un jubilado no recibió. Por eso el saneamiento del organismo, más allá del impacto político, define qué tipo de prestaciones podrá ofrecer la principal obra social del país en los próximos años.

La Justicia avanza ahora sobre los expedientes abiertos, mientras la auditoría continúa sumando casos, prestadores y zonas grises de un sistema que durante años funcionó sin controles. El resultado final del proceso dirá si esta vez el saneamiento se traduce en sanciones efectivas o si vuelve a quedar atrapado en el laberinto judicial argentino, como tantas veces ocurrió con las cajas heredadas del kirchnerismo.