La periodista Luciana Geuna quedó esta semana en el centro de una polémica que excede su rol televisivo. La conductora de TN figura como socia de Fractal Arg S.R.L., una consultora que mantiene un vínculo comercial documentado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo administrado políticamente por el peronismo y vinculado al entorno de Eduardo "Wado" de Pedro.

El CFI maneja un presupuesto cercano a los $170.000 millones, financiado con un porcentaje de la coparticipación que aportan las provincias. Está presidido desde octubre de 2020 por Ignacio Lamothe, dirigente que llegó al cargo con respaldo del kirchnerismo y la mayoría de los gobernadores peronistas. En 2024, los mandatarios provinciales ratificaron a Lamothe en el cargo por cuatro años más.

La existencia del vínculo comercial entre Fractal Arg y el CFI no está en discusión. La propia consultora exhibe entre sus principales antecedentes el "Estudio de Viabilidad del Hidrógeno en Tierra del Fuego" y la "Hoja de Ruta del Hidrógeno", ambos trabajos realizados en alianza con el organismo. El informe final, fechado en julio de 2023 y firmado por Martín Guglielmone, director de Fractal Arg, sigue publicado en la biblioteca digital del CFI.

http://biblioteca.cfi.org.ar/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/resumen-ejecutivo-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-verde-en-tdf-aias-21072023.pdf

El estudio fue presentado en la sede porteña del Consejo, con participación de embajadores de Australia, Países Bajos, Japón, Corea, Alemania, Francia y Canadá, además de funcionarios provinciales y nacionales. El propio gobernador fueguino Gustavo Melella había recibido en 2022 a Guglielmone en Casa de Gobierno para avanzar en el desarrollo del proyecto, financiado por el CFI.

El punto que abrió el debate periodístico es la participación societaria de Geuna en la consultora que prestó el servicio. Según los registros oficiales, la periodista figura como socia de Fractal Arg. Hasta el momento, ni Geuna ni la consultora se pronunciaron públicamente sobre el alcance del vínculo ni sobre los montos involucrados en los contratos con el organismo provincial.

La cuestión instala un debate sobre conflictos de interés poco frecuente en el periodismo argentino. En las últimas décadas, la regulación local sobre incompatibilidades de comunicadores con intereses económicos cruzados es prácticamente inexistente, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde los grandes medios exigen declaraciones juradas a sus periodistas y desplazan automáticamente a quienes tienen vínculos económicos con áreas que cubren.

El caso adquiere mayor peso porque Geuna es una de las voces más reconocidas del periodismo político argentino. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, becaria de Clarín en 2002, integrante del equipo de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos desde su lanzamiento en 2012 y ganadora del Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Femenina en 2015, hoy conduce ¿Y mañana qué? en TN, escribe columnas semanales y participa del streaming Paraíso Fiscal, en Olga.

Su rol crítico hacia el Gobierno de Javier Milei es público. Hace pocas semanas, el Ejecutivo presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra Geuna y su equipo, luego de que su programa exhibiera imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada. La denuncia derivó en la suspensión de credenciales de unos 60 periodistas para ingresar a la sede presidencial, una decisión inédita en la historia democrática argentina.

En ese contexto cruzado, la difusión de los presuntos vínculos comerciales con el CFI agrega una capa adicional al conflicto entre la periodista y la administración libertaria. Lamothe, titular del CFI, mantiene un vínculo político de larga data con Wado de Pedro. Aunque La Cámpora suele despegarse formalmente de su figura lo definen como técnico no orgánico, su carrera política comenzó en 2008 en la Casa Rosada bajo la órbita de Juan Carlos "Chueco" Mazzón, operador histórico del peronismo. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue Secretario de Asuntos Municipales bajo el ala de Florencio Randazzo.

La pregunta que quedó instalada en el ambiente periodístico no apunta a la legalidad de los contratos —los servicios de Fractal Arg al CFI son públicos y figuran en la documentación oficial del organismo— sino a la transparencia profesional de la conductora, que durante años cubrió temas vinculados al kirchnerismo, al manejo de fondos públicos provinciales y a contratos con el Estado.

El antecedente internacional es claro: en redacciones como las del Washington Post, The New York Times o la BBC, los periodistas están obligados a declarar cualquier vínculo económico que pueda interpretarse como un conflicto de interés con los temas que cubren. En la Argentina, ese estándar todavía no está internalizado.

Por ahora, la palabra la tiene Geuna. Y, eventualmente, sus empleadores. La dimensión judicial del caso —si la hubiera— deberá ser resuelta en otro plano. Pero el debate periodístico sobre la independencia, los contratos paralelos y las obligaciones de transparencia hacia la audiencia ya está abierto.