El expediente, en manos del juez Ariel Lijo con la instrucción delegada al fiscal Franco Picardi, expone el funcionamiento de un circuito paralelo en el que intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación para obtener aprobaciones que de otro modo podían demorar entre 30 y más de 120 días.

El Sistema de Importaciones de la República Argentina —conocido como SIRA— fue un mecanismo de control implementado en octubre de 2022 durante la gestión de Alberto Fernández, bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabezaba Sergio Massa. Evaluaba la capacidad financiera de las empresas para acceder a dólares oficiales destinados al pago de importaciones y rigió hasta diciembre de 2023, cuando Matías Tombolini conducía la Secretaría de Comercio.

El núcleo probatorio de la investigación surge del peritaje de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio del financista Elías Piccirillo. En los dispositivos se encontraron chats y audios de los que se desprenden al menos tres personas identificadas que permitían gestionar los permisos, percibiendo entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones calculado al tipo de cambio oficial o al dólar paralelo.

Uno de los intercambios clave involucra a Migueles con un contacto agendado como "Ariel Viken", identificado por la Justicia como Ariel Germán Saponara, abogado con funciones en el Gobierno de la Ciudad y que, según su perfil de LinkedIn, figura como personal de Presidencia de la Nación. El 2 de marzo de 2023, Saponara le pregunta a Migueles si tiene contactos para liberar declaraciones de importación, mencionando que su propio contacto cobraba el 15% pero que quizás podría conseguirse por menos. Migueles le responde con un audio: "Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento."

A lo largo del intercambio, ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema: Migueles explicaba que la aprobación podía obtenerse en aproximadamente una semana o diez días, y proponía cobrarle a la empresa importadora un 13% calculado sobre el valor del dólar informal, quedándose con un margen de alrededor del 2% tras pagar lo necesario para conseguir la aprobación.

La operación se concretó sobre una importación de la firma Nemes S.H. de Fuentes N y Mazza, por un monto de 54.600 dólares. El 13 de marzo, Migueles avisó por mensaje escrito que el permiso ya estaba aprobado. Ese mismo día, la supuesta coima fue entregada en una dirección de la avenida del Libertador al 8008.

Migueles no operaba solo. Según el expediente, Héctor Ezequiel Caputto, alias "Pipo", era el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios recuperados, Caputto le aclara la estructura de costos a Migueles: "Papucho, es el 15 oficial, no sé cómo lo sacaste lo del 8. Pero es el 15 oficial el costo, lo que hayas marcado arriba es lo nuestro. Pero el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro." El audio deja en claro que una parte de la comisión se destinaba a personas con poder de decisión dentro del Estado.

La investigación también menciona a dos intermediarios no identificados, señalados en el expediente como "Pato" y "La Señora". Esta última sería una pieza clave, ya que presumiblemente desempeñaba funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con poder real para dar el visto bueno final a las importaciones.

Migueles se presentó en los tribunales de Retiro el pasado 11 de mayo para entregar un descargo escrito. Admitió que actuó como intermediario en gestiones con permisos de importación, pero negó haberle pagado a ningún funcionario público. Reconoció haber conectado a un conocido con "Pipo", aunque aclaró que si este último realizaba pagos a terceros, eso no era de su conocimiento directo ni estaba bajo su control. Su defensa, a cargo del abogado Yamil Castro Bianchi, cuestionó además la validez de la prueba digital y planteó reservas de nulidad sobre el material extraído del teléfono.

El origen de toda esta trama es, en sí mismo, llamativo. La causa se inició a partir de un procedimiento policial montado en enero de 2025 contra Francisco Hauque, acreedor de Piccirillo. Según la declaración en calidad de arrepentido del ex policía Carlos Smith, el operativo le había sido encargado por Piccirillo, quien mantenía un conflicto con Hauque por una deuda millonaria. La cocaína y el arma halladas en el auto de Hauque habían sido plantadas, según determinó la Justicia. Del análisis de los teléfonos y un pendrive secuestrado al ex policía surgieron las primeras referencias a funcionarios del Banco Central, lo que derivó en la apertura de una causa paralela que terminó exponiendo la trama del SIRA.

Según la evidencia que maneja la fiscalía, todo se realizaba a través de un contacto en un organismo estatal que ofrecía gestionar la autorización de trámites a cambio del pago de sumas de dinero indebidas. El fiscal Picardi fue tajante en su dictamen: las maniobras descriptas difícilmente podrían haberse llevado a cabo sin la intervención o, al menos, la tolerancia de funcionarios públicos con capacidad de incidir en los mecanismos de control cambiario.

Con el secreto de sumario levantado, el juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de 50 personas físicas y jurídicas. La causa sigue en etapa de instrucción: no hay procesados en la vertiente del SIRA, y cinco funcionarios del Banco Central permanecen bajo investigación tras los allanamientos a sus domicilios. Piccirillo continúa en prisión domiciliaria. Lo que comenzó como un operativo policial fraguado derivó en una de las investigaciones judiciales más complejas sobre el manejo del comercio exterior durante el último gobierno kirchnerista.