presentar una reforma tributaria integral antes de diciembre de 2026. El núcleo del reclamo es claro: ampliar la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias y rediseñar el régimen del Monotributo. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder con plazos propios, más largos que los del organismo.

El diagnóstico del Fondo quedó plasmado en el denominado Artículo IV, una evaluación de mediano plazo que el organismo no realizaba sobre la Argentina desde 2022. El documento califica al sistema impositivo local de "complejo, altamente distorsivo e inestable", y contabiliza más de 155 tributos entre Nación, provincias y municipios, con una recaudación que depende en buena medida de impuestos sobre el comercio exterior, las transacciones financieras e Ingresos Brutos.

Sobre Ganancias, el informe es directo: la reforma de 2023 redujo drásticamente la base imponible y dejó a menos del 1% de los trabajadores formales como contribuyentes, con una recaudación equivalente al 1,8% del PIB, por debajo del promedio regional y de la OCDE. Para revertirlo, el Fondo propone expandir la base y armonizar las deducciones de modo que al menos el 20% de los trabajadores quede alcanzado por el tributo, lo que permitiría sumar 0,4 puntos del PIB en ingresos.

En cuanto al Monotributo, el organismo reconoce que el régimen facilita la formalización, pero advierte que la carga efectiva que impone es significativamente menor a la del sistema general, lo que fragmenta el universo empresarial y desalienta el crecimiento de las firmas. La propuesta apunta a integrarlo con Autónomos y Ganancias para reducir esa brecha y aumentar la contribución fiscal del sector.

Más allá de esos dos ejes, el FMI trazó una hoja de ruta con cinco frentes: ampliar la base del impuesto a las Ganancias personales, simplificar el tributo a las sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. Sobre este último punto, estima que actualizar los gravámenes sobre combustibles y tabaco podría sumar 0,5 puntos del PIB. En materia de IVA, propone unificar alícuotas con compensaciones focalizadas para hogares vulnerables, con un saldo fiscal neto de 0,4% del PIB.

El organismo también apunta al nivel provincial. En el largo plazo, sugiere avanzar hacia un esquema de IVA dual nacional-provincial que reemplace a Ingresos Brutos, un modelo similar al que aplican Brasil o India. Caputo lo reconoció en público: "Todos tenemos claro que el impuesto al cheque y las retenciones son los peores impuestos, y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los suyos". La negociación con las provincias, sin embargo, será inevitable: en muchos distritos, Ingresos Brutos representa cerca del 80% de los ingresos propios.

El Fondo condicionó explícitamente la eliminación de los tributos considerados distorsivos —retenciones, impuesto al cheque e Ingresos Brutos— a que primero suban los ingresos provenientes de Ganancias, IVA y tributos provinciales. Si se completara la reforma en todos sus frentes, el organismo calcula que los recursos fiscales podrían crecer el equivalente al 3,3% del PIB.

Caputo tiene un cronograma más cauteloso. En conferencia de prensa sostuvo que si la economía crece entre 6% y 8% anual, la presión tributaria podría bajar entre 1,5 y 2 puntos por año. "En dos años se fueron todas las retenciones, el impuesto al cheque. En tres años se fue la gran mayoría de los impuestos distorsivos", dijo. Y aclaró que convocará a los gobernadores para avanzar en conjunto: "Es la idea juntarse con ellos y empujar esta iniciativa".

En cuanto al sistema previsional, que el FMI también incluyó en su agenda de reformas estructurales, el Gobierno postergó cualquier discusión de fondo para después de 2027. La lectura en el Palacio de Hacienda es que la reforma previsional, como la tributaria, requiere primero una mayor formalización laboral —que esperan de la Ley de Modernización Laboral— y un marco político más favorable que el del año electoral en curso.