Las protestas, que comenzaron a principios de mayo y llevan ya 22 días consecutivos, son impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y organizaciones afines al ex presidente Evo Morales.

La demanda central es la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en el poder y enfrenta la crisis más aguda de su corto gobierno.

Los focos de mayor tensión se concentran en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Potosí.

La combinación de cortes de rutas y paros urbanos alteró seriamente la movilidad en las principales ciudades: miles de personas debieron trasladarse caminando o esperar durante horas para acceder al teleférico que conecta La Paz con El Alto. Sindicatos de transportistas de la capital sumaron bloqueos propios para denunciar la falta de combustible, agravada precisamente por los cortes de abastecimiento derivados de las rutas cortadas.

Un costo económico que crece por día

El impacto sobre la economía es profundo y se extiende a sectores productivos clave. En Cochabamba, la Fundación de Productores Lecheros informó pérdidas acumuladas superiores a 10 millones de bolivianos —unos 1,44 millones de dólares— con un daño adicional de cerca de 289.000 dólares por cada jornada de bloqueo. Más de 300 camiones con insumos para el sector agropecuario permanecen retenidos en rutas cortadas. El sector textil también reportó pérdidas de 100.000 dólares por la imposibilidad de cumplir entregas durante tres semanas.

Hospitales y centros de salud de La Paz, El Alto y Oruro enfrentan dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales. En Cochabamba, la municipalidad habilitó de manera extraordinaria tres plazas públicas para la comercialización directa de leche, huevos y flores, ante la imposibilidad de los productores de llegar a los mercados por canales habituales.

Diálogo y militarización, en paralelo

Frente a la escalada, el Gobierno intentó avanzar en dos frentes simultáneos. Por un lado, el vicepresidente Edmand Lara —quien también preside la Asamblea Legislativa y mantiene tensiones internas con el Ejecutivo— convocó una mesa de negociación a la que asistieron legisladores, dirigentes sociales, representantes de la Iglesia católica y organismos de derechos humanos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó la disposición oficial al diálogo. "Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones", afirmó.

Por otro lado, la Cámara de Diputados eliminó con más de dos tercios de los votos una ley que desde 2020 limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos alarmando a los sectores opositores y organizaciones civiles. El Ejecutivo sostuvo que declarar un estado de excepción sigue siendo "la última opción" y que priorizará las vías políticas, aunque la medida legislativa quedó vigente como un recurso disponible.

Las voces de la protesta

Las movilizaciones no provienen sólo de un sector. Organizaciones campesinas aymaras encabezadas por mujeres con cacerolas vacías marcharon por el centro político del país como símbolo del malestar económico. Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de ignorar a las organizaciones sociales: "Cada gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado", dijo.

Paradójicamente, también salieron a las calles quienes se oponen a los bloqueos. Decenas de pequeños comerciantes, en su mayoría mujeres, marcharon con banderas blancas por el centro histórico de La Paz bajo consignas como "queremos trabajar" y "por culpa del bloqueo estamos en las calles". "Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada", resumió la dirigente gremial Miriam Hernández.

El factor Morales y la dimensión regional

El expresidente Evo Morales, atrincherado desde octubre de 2024 en el Chapare —su bastión cocalero en el centro del país— y con dos declaratorias de rebeldía por una causa de presunto abuso a una menor, propuso convocar a nuevas elecciones. El Gobierno lo acusa de alentar y financiar las protestas. Analistas, sin embargo, relativizan su peso real: consideran que Morales ya no tiene la convocatoria de antes y que busca aprovechar el conflicto para recuperar protagonismo.

La crisis tiene también una dimensión diplomática. Bolivia expulsó al embajador colombiano después de que el presidente Gustavo Petro calificara las movilizaciones como "lucha por la dignidad latinoamericana". Estados Unidos, en cambio, calificó los disturbios como un intento de golpe de Estado, y varios gobiernos de la región alineados con Washington expresaron su respaldo a Paz.

Con la ley promulgada que le permite desplegar a los militares, Paz tiene ahora en sus manos una herramienta que sus predecesores no pudieron usar sin trabas legales. Si la ejercerá —y cómo— es la pregunta que define el próximo capítulo de una crisis que Bolivia conoce bien: en 2003 y 2005, bloqueos similares en las laderas que conducen a La Paz derrocaron dos gobiernos y abrieron paso al ascenso del propio Morales.