Brooklyn Rivera Bryan, líder miskito y presidente nacional del partido indígena Yatama, murió el 30 de mayo a las 8:30 de la noche en el hospital Fernando Vélez Paiz de Managua, a los 73 años, tras más de 970 días de encarcelamiento. Tenía 73 años. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocultó el deceso durante más de quince horas: recién al mediodía del 31 de mayo emitió un comunicado que no mencionaba la hora de la muerte, no reconocía su condición de preso político y no hacía ninguna referencia a los casi tres años de desaparición forzada.

La explicación oficial atribuyó la muerte a un "deterioro físico y neurológico" causado por una bacteria derivada del COVID-19. Según el propio informe médico que el gobierno había divulgado días antes, Rivera fue diagnosticado con una neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral e infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a los antibióticos convencionales. Para organismos de derechos humanos, esa cadena de complicaciones es consecuencia directa de las condiciones en que fue mantenido.

Rivera nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra, una comunidad miskita de la Costa Caribe Norte. Su activismo en favor de los pueblos indígenas comenzó en la década de 1960 y se profundizó cuando se opuso al primer gobierno sandinista de Ortega, lo que lo llevó al exilio en distintos momentos: primero en Costa Rica y luego en Colombia, tras un ataque atribuido a fuerzas sandinistas. A finales de los años ochenta fundó Yatama —la Organización de los Pueblos de la Madre Tierra— y desde allí desempeñó un papel central en las negociaciones que derivaron en el reconocimiento constitucional de la autonomía de la costa caribeña. Fue diputado ante la Asamblea Nacional en cuatro períodos consecutivos desde 2007.

En 2023, Rivera participó en un foro sobre derechos indígenas en Naciones Unidas. Al intentar regresar a Nicaragua el régimen quiso impedírselo, pero logró ingresar por sus propios medios. El 29 de septiembre de ese año fue detenido en Bilwi, capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento, su familia no recibió ninguna información sobre su paradero ni su estado de salud durante más de dos años y medio.

El 7 de marzo de 2026 fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz ante un evidente deterioro respiratorio. El régimen rompió el silencio el 27 de mayo —más de 900 días después de la detención— cuando difundió imágenes de Rivera postrado en una cama, conectado a asistencia respiratoria. Tres días más tarde estaba muerto.

La reacción internacional fue inmediata. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente al régimen: Rivera murió, escribió en X, "después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada". Washington había exigido su liberación el viernes previo, cuando las fotografías del dirigente hospitalizado circularon internacionalmente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió una investigación "rápida, imparcial y transparente". El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos condenó la muerte "en los términos más enérgicos" y advirtió que la retención del cadáver y la ausencia de investigación "refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal".

El experto Reed Brody lo dijo sin rodeos: "Brooklyn Rivera no murió de enfermedad. Murió de desaparición forzada." En el mismo sentido, Brody resumió la trayectoria del dirigente con una frase: "Ha estado luchando de una forma u otra por sus derechos. Luchó por la tierra, luchó por la autonomía."

El cadáver permanece bajo custodia policial. Rivera había expresado el deseo de ser enterrado en Lidaukra, en Sandy Bay, donde descansan los restos de su madre. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que la familia pudiera recibirlo y sepultarlo conforme a las tradiciones miskitas. Hasta el momento, el régimen no ha respondido.

Su muerte lo convierte en el séptimo preso político fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense. Entre los casos anteriores figuran el comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez, muerto en la cárcel en febrero de 2022, y Humberto Ortega Saavedra, general retirado y hermano del dictador, fallecido en septiembre de 2024. Ninguno de esos casos derivó en investigación oficial. Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, sostiene que no existen presos políticos en el país.