El artículo 14 del proyecto define la "Sociedad Automatizada" como aquella que desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. No se trata de una categoría teórica: el mismo artículo establece que esa sociedad responde con su propio patrimonio frente a terceros por los daños que causen sus sistemas.

Junto a las sociedades automatizadas, el proyecto incorpora las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, estructuras vinculadas al universo cripto y blockchain en las que las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

El proyecto también fija un límite para evitar el uso abusivo de la figura: no cualquier plataforma digital podrá autodenominarse DAO para eludir obligaciones.

El estatuto por encima de la ley

El cambio de fondo no está en las figuras tecnológicas sino en la lógica que organiza todo el proyecto. La iniciativa busca terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios: las normas de la ley pasan a ser supletorias, el estatuto manda. En términos prácticos, los socios podrán diseñar sus propias reglas de votación, distribución de ganancias y organización interna sin estar obligados a seguir moldes fijos.

El objeto social también se flexibiliza: las sociedades podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista conexidad entre ellas, eliminando así una restricción que el proyecto considera burocrática.

Otra modificación de peso es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional y pacten cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver disputas por fuera de los tribunales argentinos. Para respaldar esa apuesta, Sturzenegger citó el caso de Irlanda, país que construyó un régimen legal favorable para compañías tecnológicas y de propiedad intelectual, y el de Dubai, donde las relaciones societarias se rigen por la legislación que los propios socios elijan.

El proyecto también contempla la digitalización completa del sistema societario: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución mediante firma digital y legajos empresariales enteramente electrónicos. "Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia", sostuvo Sturzenegger al presentarlo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó la iniciativa desde las redes y la calificó como "un paso decisivo hacia la modernización económica".

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, otro proyecto diseñado por Sturzenegger, ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en sesión el 4 de junio. La reforma societaria se suma así a una agenda legislativa que el oficialismo quiere empujar antes del receso invernal, aunque en las comisiones del Senado el debate promete ser largo: el Gobierno asegura que tiene los votos para avanzar, pero la oposición todavía no se pronunció sobre los puntos más controvertidos del texto.