La reforma laboral estrella de Milei choca contra la caja: el Ministerio de Economía impuso la postergación del FAL ante el riesgo de un agujero en la ANSES y la presión explícita del Fondo Monetario, que incluyó la medida en la lista de sacrificios posibles para sostener el superávit.
Por Clara I. Roveda
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 408/2026 que reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral, aunque su entrada en vigencia quedó diferida cinco meses por razones fiscales y bajo la presión del FMI.
El gobierno de Javier Milei firmó y publicó el 1° de junio en el Boletín Oficial el Decreto 408/2026, que reglamenta el Título II de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y pone en papel el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo para financiar indemnizaciones por despido en el sector privado. La norma lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo. Sin embargo, el artículo 27 del mismo decreto corrió la entrada en vigencia del sistema al 1° de noviembre de 2026.
La postergación no es un detalle menor. La propia ley habilitaba al Ejecutivo a prorrogar hasta seis meses la implementación, y el Ministerio de Economía no dudó en usar esa válvula de escape. El motivo es concreto: la derivación de aportes patronales hacia fondos privados implica que una porción de esos recursos deja de ingresar a la ANSES, con un costo fiscal que distintas estimaciones ubican entre 0,15% y 0,46% del PBI según el ritmo de adhesión de las empresas.
La presión vino desde afuera y desde adentro. El Fondo Monetario Internacional, en su Staff Report N° 26/105 de mayo de 2026, proyectó un crecimiento del 3,5% del PBI para este año y alertó que, si la recaudación se deteriora o crecen los pagos de intereses, el Gobierno deberá tomar medidas adicionales. Entre las alternativas que mencionó el organismo figuró explícitamente la postergación de la Ley de Modernización Laboral. La misma institución que celebró la reforma como un avance estructural la incluyó en la columna de los sacrificables para cuidar el superávit primario del 1,5% del PBI comprometido en el acuerdo.
Esa tensión terminó de inclinar la balanza hacia Caputo y en contra de Sturzenegger, principal promotor del FAL dentro del gabinete. El argumento de Economía era directo: con la recaudación cayendo en términos reales, desviar contribuciones patronales hacia cuentas privadas agravaría un cuadro fiscal ya ajustado. Quienes defienden el sistema objetan ese cálculo y sostienen que la constitución de los fondos será gradual y que el impacto real sobre la caja de la ANSES se distribuirá a lo largo de años.
Cómo funciona el nuevo esquema
Según el texto del decreto, cada empleador del sector privado deberá abrir una cuenta individual —definida como patrimonio separado, inenajenable e inembargable— en un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esa cuenta recibirá mensualmente las contribuciones derivadas por ARCA, que se descontarán de los aportes patronales al SIPA: el 1% de la masa salarial para grandes empresas y el 2,5% para pymes.
A cada empleador se le asignará un identificador único, el "ID FAL", que deberá informar a ARCA para que las sumas sean correctamente canalizadas. Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que el empleador lo haga, la CNV podrá asignarle de oficio un vehículo de inversión autorizado.
La cobertura alcanzará únicamente a trabajadores registrados con al menos doce meses de antigüedad, y el sector público quedará excluido en todos sus niveles. Cuando se produzca un despido, el empleador presentará una declaración jurada electrónica con los datos del trabajador, la causa de extinción, el detalle de la liquidación y la cuenta bancaria. La entidad administradora tendrá cinco días hábiles para transferir los fondos directamente al empleado.
Las inversiones deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina, y las comisiones de administración no podrán superar el 1% anual sobre el total de los activos. El decreto también establece beneficios impositivos: las contribuciones al FAL serán deducibles de Ganancias, los rendimientos quedarán exentos y las cuentas afectadas a estos fondos estarán libres del impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Lo que falta definir
La reglamentación dejó abiertos algunos puntos que el mercado de capitales sigue de cerca. El decreto encomienda al Ministerio de Economía la fijación de los límites de inversión y a la CNV la definición de los requisitos operativos para las entidades habilitadas. Ambos aspectos son centrales para que el sistema pueda funcionar en la práctica, y ninguno está resuelto. La Secretaría de Trabajo, ARCA, la CNV y la Secretaría de Finanzas tienen 45 días hábiles desde la publicación para emitir las normas complementarias.
Con la prórroga hasta noviembre y esas definiciones pendientes, el cronograma real del FAL dependerá en buena medida de cómo evolucione la recaudación en los meses que vienen y de si el esquema fiscal le da margen a Caputo para avanzar o, como ya ocurrió una vez, volver a patear el tablero.
El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial una serie de decretos que reglamentan los aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral. Las nuevas disposiciones modifican el sistema de indemnizaciones, transforman el recibo de sueldo y regulan las vacaciones fraccionadas, el banco de horas y las licencias médicas, con impacto directo sobre la relación entre empresas y empleados en todo el país.
El vencimiento de la Serie 3 del Bopreal llega después de que las reservas tocaran su nivel más alto en casi siete años. El golpe sobre las arcas oficiales dependerá de cuánto se cancele en el mercado local y cuánto en el exterior.
