La medida, que llegó luego de que se levantara una cautelar judicial que la había bloqueado por meses, pone fin al esquema que concentraba las inspecciones en las plantas verificadoras tradicionales. Cuánto cambie la vida de los conductores dependerá, en buena medida, de lo que resuelvan las provincias.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que se levantó la cautelar judicial que hasta el momento había frenado la implementación del nuevo esquema. La implementación de la reforma había quedado demorada por una medida cautelar impulsada por cámaras vinculadas a las plantas de revisión técnica tradicionales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el primero en comunicarlo: "A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV."

La resolución crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, de manera pública, gratuita y digital. Los establecimientos que acrediten capacidad técnica podrán inscribirse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). También podrán sumarse concesionarias e importadores que cumplan con las exigencias técnicas.

El punto más sensible de la reforma es la liberación de los precios. El texto oficial es directo: los usuarios pactarán libremente el precio de la revisión directamente con el taller. El Estado nacional limitará su rol a registrar talleres, controlar estándares técnicos, realizar auditorías y administrar la información de las inspecciones.

En materia de plazos, los autos 0 kilómetro deberán efectuar la primera revisión a los cinco años del patentamiento, y los vehículos de hasta diez años pasarán a revisión cada dos años, en lugar de la frecuencia anual que regía hasta ahora. Esos cambios ya habían sido introducidos por el Decreto 196/2025.

El límite: las provincias

La reforma tiene un techo claro. Cada provincia conserva facultades para definir si aplica los cambios dentro de su territorio. Si no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a los nuevos prestadores ni a las condiciones de competencia que la reforma busca generar.

La provincia de Buenos Aires ya anunció que no adoptará la reforma. El gobierno de Axel Kicillof comunicó formalmente que el sistema bonaerense continúa sin cambios. Junto con Misiones, es la única jurisdicción que hasta ahora rechazó adherir. En Santa Fe, por la misma razón, la norma tampoco tiene vigencia aún.

La reforma revierte además el esquema que había quedado vigente tras una resolución de 2023, que en la práctica había eliminado el mecanismo para incorporar nuevos prestadores al sistema. La expectativa del sector es que la apertura incentive el ingreso de nuevos operadores, en particular talleres y concesionarios que ya tienen parte de la infraestructura instalada.

El control técnico de los vehículos sigue siendo obligatorio. Lo que cambia, donde las provincias lo permitan, es quién puede hacerlo, en qué lugar y a qué precio. El resto es una promesa que el mercado todavía tiene que confirmar.