La Cámara alta está sesionando este jueves con una agenda cargada de iniciativas clave para el Gobierno nacional.
La sesión arrancó pasadas las 11 con tres ejes centrales: la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo de conciliación con dos fondos holdouts por un total de 171 millones de dólares, deuda soberana en litigio desde el default de 2001.
El pliego de María Verónica Michelli, postulante a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, quedó afuera de esta sesión por decisión acordada en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, junto con otros 23 candidatos cuyos nombramientos se diferirán para una próxima oportunidad.
Un reducto de senadores aliados notificó que no acompañan el retiro del pliego de la jueza como los radicales Losada y Abad, junto con la senadora Patricia Bullrich, que lo hizo público en sus redes sociales.
El núcleo de la sesión
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica dos leyes: la 21.499, de expropiaciones, y la 24.374, de regularización dominial. En la reunión de comisiones del 20 de mayo, el texto recibió correcciones de peso: se suprimió el capítulo que derogaba artículos de la ley de Integración Socio Urbana y que habilitaba desalojos inmediatos, disposición que había generado resistencias en sectores de la oposición y en organizaciones sociales.
En materia de expropiaciones, la norma establece que la declaración de utilidad pública debe cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y ser de interpretación restrictiva. Fija también que el valor del bien se determinará tomando como referencia la fecha anterior a cualquier acto estatal que pudiera influir en su cotización —para evitar que la propia actuación del Estado distorsione el precio en perjuicio del expropiado—, reconoce el lucro cesante cuando esté debidamente acreditado e incorpora un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de precios y tasas razonables de interés. El Gobierno argumentó que esta última cláusula resulta indispensable en contextos inflacionarios para que la indemnización no se convierta en algo ilusorio.
La iniciativa incluye además cambios en la ley de manejo del fuego: elimina la prohibición de 60 años para ciertas actividades sobre superficies incendiadas y suprime restricciones específicas sobre venta, subdivisión, loteo y emprendimientos inmobiliarios en esas zonas, aunque mantiene las limitaciones vigentes para los bosques nativos.
El acuerdo con los holdouts
El otro punto central del día es la ratificación legislativa del acuerdo de conciliación con dos fondos que mantienen litigios activos contra el Estado argentino, originados en el default de 2001. Ambos procesos judiciales se iniciaron entre 2014 y 2016. Con Bainbridge Ltd. se acordó un pago en efectivo de 67 millones de dólares; con el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP —junto a Trinity Investments DAC, Brybrook Capital Hazelton y White Hawthorne— el monto asciende a 104 millones. El total, unos 171 millones de dólares, representa una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados. El acuerdo, firmado también por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, estará regido por las leyes del estado de Nueva York y bajo la jurisdicción de los tribunales federales del Distrito Sur de ese estado. La conciliación vence el 30 de junio.
Reformas judiciales
El oficialismo también busca cerrar la jornada con dos reformas a la estructura del Poder Judicial federal. La primera, impulsada por el senador bonaerense Maximiliano Abad, crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con tres secretarías y los cargos de apoyo correspondientes. La segunda reorganiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en dos salas, eleva su composición a seis jueces con la creación de un cargo adicional y establece que la distribución de causas seguirá las reglamentaciones vigentes.
La sesión transcurre así con el Gobierno mirando hacia adentro tanto como hacia afuera. La agenda legislativa avanza, pero la fractura en el bloque oficialista dejó preguntas abiertas que difícilmente se resuelvan en el recinto.