El PRO intensificó este viernes su ofensiva contra la Casa Rosada por el sostenimiento de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, en medio de la polémica por las inconsistencias de su declaración jurada. A través de un mensaje en redes sociales, el partido de Mauricio Macri interpeló directamente a Javier Milei: le pidió que se ponga al frente de la defensa del rumbo económico y no de su ministro coordinador.

El planteo profundizó el tono de un comunicado difundido el día anterior, en el que el espacio sostuvo que no existe justificación posible para respaldar al funcionario. Adorni admitió públicamente haber omitido información en sus declaraciones juradas previas y atribuyó el crecimiento de su patrimonio a ganancias obtenidas con criptomonedas. Para el PRO, se trata de una falta grave: un funcionario, argumentaron, no puede asegurar ante el Congreso que no ocultó nada y reconocer después lo contrario.

El cuestionamiento también incluyó dudas sobre la verosimilitud técnica de las explicaciones. El legislador porteño Darío Nieto, referente del partido, puso en duda el relato patrimonial al señalar que resultaba inverosímil que alguien hubiera invertido una suma semejante en Bitcoin en 2013, y reclamó la renuncia del jefe de Gabinete.

El origen de la controversia se remonta a la difusión de imágenes del viaje de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial. Aquella postal derivó en críticas y denuncias, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito. En el marco de esa investigación, la Justicia constató que el ministro había adquirido propiedades y sostenido un nivel de vida que, en principio, no se correspondía con sus ingresos como funcionario, además de detectar préstamos hipotecarios poco habituales empleados para comprar inmuebles.

Adorni había prometido despejar todas las dudas con la presentación de su declaración jurada, trámite que concretó el jueves ante la Oficina Anticorrupción. Según su versión, comenzó a invertir en criptomonedas entre 2013 y 2014, con una colocación inicial cercana a los 200.000 dólares que, a través de sucesivas operaciones, le habría reportado una ganancia que elevó su patrimonio no declarado por encima de los 500.000 dólares. Para regularizar esos fondos debió rectificar declaraciones de años anteriores.

Esa maniobra dejó en evidencia una contradicción central. El 29 de abril, en su informe de gestión ante el Congreso, el jefe de Gabinete había afirmado que todos sus movimientos estaban declarados y que "nunca existió ocultación alguna". La nueva presentación desmintió esa afirmación y abrió un frente que excede lo ético, ya que la investigación penal por enriquecimiento ilícito continúa en curso.

El reclamo por la salida de Adorni trascendió al PRO y se extendió a buena parte del arco político. Desde el peronismo, el exgobernador Juan Schiaretti sostuvo que el funcionario "le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso" y consideró insostenible que permanezca en un cargo de rango constitucional. La UCR calificó la situación de "extrema gravedad", mientras que el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo acusó de haber mentido en la cara de los diputados. Distintos bloques opositores ya impulsan una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de activar el artículo 101 de la Constitución, que habilita la remoción del jefe de Gabinete.

El malestar también se filtró dentro del propio Gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de "vergüenza" el accionar y las explicaciones del funcionario, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de una "omisión ética". Con la presión instalada en el Congreso y las grietas expuestas en el oficialismo, la continuidad de Adorni se transformó en un test político para Milei, que por ahora optó por respaldar a su jefe de Gabinete y dar por cerrado el episodio.