El Ejecutivo envió al Congreso el 29 de mayo un proyecto para derogar por completo la Ley General de Sociedades N° 19.550 —sancionada durante el gobierno de Alejandro Lanusse y vigente desde hace más de medio siglo— y reemplazarla por un nuevo marco que reformula desde sus bases el derecho societario argentino.
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger con la colaboración del Ministerio de Justicia, no es una reforma parcial: propone reescribir íntegramente las reglas bajo las que operan, se constituyen y se disuelven las empresas en el país.
El objetivo del oficialismo es reducir el poder de control del Estado y avanzar en "un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación". "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", resumió el propio Sturzenegger. La inversión de jerarquía es el nervio central del proyecto: lo que hoy dicta la ley, mañana lo decidirán los socios en su contrato.
Lo que desaparece
El proyecto deroga cuatro tipos societarios históricos: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria y la sociedad en comandita por acciones. Las empresas constituidas bajo esos formatos tendrán un año para transformarse; si no lo hacen en ese plazo, pasarán automáticamente a la categoría de sociedad simple.
El sector más golpeado por esta decisión es el farmacéutico. Las sociedades en comandita fueron utilizadas durante décadas por numerosos negocios familiares y, especialmente, por farmacias. En ese esquema convivían socios con responsabilidad limitada y otros con responsabilidad ilimitada, una estructura que permitía ordenar la participación de profesionales farmacéuticos y familiares inversores. Con el cambio que propone el Gobierno, las farmacias, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires donde está más extendido el formato, van a tener que transformarse en Sociedades Anónimas, SRL o Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).
Lo que se crea y lo que vuelve
Con la reforma, el sistema quedará integrado por cinco tipos societarios: la sociedad simple, la SRL, la SA, la SAS y la DAO. Las SAS —creadas durante la gestión de Macri y luego cuestionadas por su falta de controles— retoman protagonismo. A ellas se suman dos figuras inéditas en el derecho argentino: la "Sociedad Automatizada", operada mediante algoritmos o inteligencia artificial, y las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas con participaciones tokenizadas y registros en blockchain. Sturzenegger vinculó estos cambios con la intención de atraer inversiones internacionales y convertir a la Argentina en un polo de radicación para empresas de inteligencia artificial.
Empresas familiares y digitalización
Otro de los sectores favorecidos son las empresas familiares. Hoy, si los socios de una SRL o una SA quieren pactar las reglas de una sucesión o limitar el acceso de determinadas personas al directorio, deben hacerlo mediante protocolos externos al estatuto. Con la reforma, esos acuerdos podrán incorporarse directamente al contrato social, sin necesidad de instrumentos paralelos.
En materia de digitalización, el proyecto habilita el domicilio electrónico, los libros digitales, las asambleas a distancia y la constitución de empresas mediante firma digital. "Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia", afirmó Sturzenegger. También se incorporan instrumentos de inversión convertibles orientados al financiamiento de startups y se permite que las sociedades resuelvan sus conflictos internos bajo legislación extranjera o por vía de arbitraje privado, sin necesidad de recurrir a la justicia local.
El proyecto ingresó al Parlamento junto a otras iniciativas del Ejecutivo, entre ellas el llamado Súper RIGI y modificaciones en materia de lobby y salud pública. Su aprobación dependerá de las negociaciones que el oficialismo encare en ambas cámaras en las próximas semanas.
El país vuelve a aparecer en el radar global del capital gracias al auge de la minería, los hidrocarburos y el agro, pero un debate de fondo inquieta a empresarios y economistas: el crecimiento exportador no viene acompañado de mayor complejidad productiva, y esa brecha amenaza con condicionar el desarrollo de largo plazo.
El presidente publicó una columna en el diario británico para presentar el proyecto de ley que ya ingresó al Senado: cero regulación, baja carga impositiva y una nueva figura jurídica para empresas operadas por robots o agentes de IA.