El Gobierno dio este jueves uno de los primeros pasos concretos de la reforma laboral al convocar a empresarios y sindicalistas a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, casi el triple de los 150 acuerdos que había estimado en un comienzo. La medida, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, pone en funcionamiento uno de los cambios más sensibles de la Ley de Modernización Laboral y anticipa una etapa de tensión con el sindicalismo.

La decisión fue oficializada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, que activó el procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley 27.802. A través de ese mecanismo, las organizaciones gremiales y las cámaras empresarias quedan intimadas a rediscutir las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes compulsivos pactados entre las partes.

El salto en la cantidad de convenios alcanzados responde a una lectura estricta de la nueva norma, que eliminó la ultraactividad. Hasta ahora, ese principio mantenía vigente un convenio colectivo aun después de su vencimiento, hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. En los hechos, funcionaba como un seguro contra la pérdida de derechos adquiridos cuando las negociaciones se estancaban, y los gremios lo consideraban una garantía central de estabilidad.

La reforma, sin embargo, introduce un matiz clave. La Ley 27.802 conserva la ultraactividad para las llamadas cláusulas normativas, que son las que fijan las condiciones laborales. En cambio, las cláusulas obligacionales —entre ellas las cuotas solidarias y los aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos— caducan de manera automática al vencer el convenio. Allí se concentra buena parte del conflicto, ya que esos aportes constituyen una fuente de financiamiento relevante para las organizaciones gremiales.

El procedimiento se apoya en los decretos 407 y 408, publicados días atrás, mediante los cuales el Poder Ejecutivo reglamentó los principales capítulos de la ley. La normativa habilita, además, a que en esta instancia las partes renegocien la totalidad de las cláusulas posibles, lo que abre la puerta a una revisión integral de los acuerdos vigentes y no solo de los puntos que perdieron validez.

En esa mesa de discusión también podrán incorporarse herramientas que hasta ahora tenían escasa presencia en el mercado laboral argentino. Entre ellas figura el banco de horas, un esquema que permite compensar con descansos las horas trabajadas en exceso en lugar de abonarlas como extras, y la posibilidad de reorganizar la jornada bajo determinados regímenes de distribución del tiempo de trabajo. Los negociadores podrán solicitar asistencia técnica de las autoridades laborales para definir su implementación.

Las posturas, no obstante, están enfrentadas. Desde el oficialismo sostienen que el nuevo esquema descentraliza la negociación, agiliza la adaptación de cada sector a los cambios productivos y, en esa línea, favorece la generación de empleo. La CGT, en cambio, denuncia que la reforma implica una "precarización" y un debilitamiento de los derechos laborales, además de una fragmentación de la representación sindical. La central obrera ya llevó sus cuestionamientos ante la Organización Internacional del Trabajo.

Con la convocatoria formalizada, se abre ahora un proceso de negociación sector por sector que pondrá a prueba la relación entre el Gobierno y los gremios. El desenlace de esas paritarias definirá el alcance real de la reforma y marcará el pulso de un vínculo que, desde la sanción de la ley, se mantiene en permanente tensión.