El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en la isla, se reunió este miércoles en sesión extraordinaria para evaluar el paquete de reformas económicas que el presidente Miguel Díaz-Canel había presentado apenas cinco días antes.Tras las protestas cada vez más visibles por la crisis y con unapresión creciente de Washington, que ya no descarta ni una intervención militar para forzar un cambio de modelo en la isla.

Díaz-Canel adelantó los lineamientos del plan el viernes 12 de junio, por sorpresa, en declaraciones a la prensa local que recogió la televisión estatal. "Son tiempos en que hay que cambiar", dijo entonces. El paquete apunta a aflojar, no a soltar, el control estatal sobre la economía: abre el negocio hotelero a "nuevos actores", facilita la inversión extranjera directa —con un capítulo especial para los cubanos que viven fuera del país—, amplía el terreno permitido al sector privado y promete menos trabas en agricultura, comercio exterior e inmobiliario. También prevé que las empresas estatales y los municipios manejen con más libertad sus propios planes de negocio.

Uno de los puntos que más resuena es el turístico. Hace apenas dos semanas, cadenas como Meliá e Iberostar abandonaron contratos en la isla para esquivar las sanciones que Washington amenazaba con aplicar a quienes sigan haciendo negocios con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte del sector. El plazo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había fijado para cortar esos vínculos venció el 5 de junio. El Gobierno cubano busca ahora que otros actores —privados, mixtos, incluso cubanos residentes en el exterior— ocupen ese vacío. La reforma también incluye una poda del aparato estatal: un proyecto de ley en danza en el Parlamento bajaría de 27 a 20 el número de ministerios, y se planea sustituir gradualmente los subsidios universales por ayudas dirigidas a quienes más los necesitan.

Lo inusual no es solo el contenido sino la forma. Díaz-Canel lanzó los anuncios sin que mediara antes una reunión formal del Consejo de Ministros, del propio Partido o de la Asamblea Nacional del Poder Popular: el respaldo de esas estructuras llega ahora, después del hecho, algo que no ocurría en Cuba desde hace quince años. La urgencia se nota en el calendario. El plenario del Comité Central se adelantó un mes a la fecha habitual de julio, y este jueves está prevista una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para terminar de darle forma legal a las medidas.

Esa premura tiene una explicación que no hace falta buscar muy lejos. Adentro, la vida cotidiana se volvió insostenible: los apagones de veinte horas diarias son la norma en buena parte del país y en algunas provincias se estiran hasta tres días corridos, faltan alimentos y remedios, casi no circula combustible ni transporte público, las escuelas cerraron el ciclo antes de tiempo y los hospitales funcionan al mínimo. La CEPAL calcula que la economía cubana se contraerá un 6,5% este año; The Economist Intelligence Unit habla de un 7,2%. El economista Pedro Monreal no descarta que, si se profundiza la falta de divisas y la crisis energética, la caída llegue al 15%.

Afuera, la Casa Blanca aprieta. La administración Trump exige a La Habana cambios económicos y políticos de fondo y quiere verlos este mismo año; el presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio, sostienen que la economía planificada cubana tiene que cambiar y que eso no va a pasar con el liderazgo actual al mando. Entre las herramientas de presión figura el bloqueo petrolero impuesto en enero, que agravó una crisis energética que ya venía golpeando duro, y la última ronda de sanciones secundarias, que provocó la salida de varias empresas extranjeras. Días atrás, en una entrevista con un periodista español, Díaz-Canel había resumido lo que cree que Washington tiene en mente: llevar a Cuba al colapso para justificar una intervención humanitaria, presionar para "ocupar económicamente" al país por la vía de la negociación forzada, o ir directo a la "agresión militar".

El mandatario insiste en que ceder en lo económico no significa ceder en lo político. "El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación", dijo, y agregó que no todo se puede explicar con total claridad porque el adversario vigila cada movimiento. Esa lectura coincide, aunque con otro signo, con la de los especialistas que siguen el caso. Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta y estudioso de la economía cubana, resume que el paquete confirma que la situación interna es insostenible y que la presión de Estados Unidos empieza a dar resultado, pero también deja claro que el liderazgo cubano ni siquiera está pensando en una apertura política: las concesiones a Washington se quedarán del lado económico.

En la calle, mientras tanto, el recibimiento fue más bien frío. La población lo tomó con tibieza, la oposición con escepticismo abierto, y los economistas consultados por la agencia EFE coincidieron en que todavía falta saber si las medidas son coherentes entre sí, qué tan profundas serán realmente y en qué orden se aplicarán para no generar más distorsiones en una economía que ya viene maltrecha. Esa definición quedará, en parte, para la sesión de la Asamblea Nacional prevista para este jueves, el último paso formal antes de que el plan empiece a transitar de la promesa a la implementación.