Lo que comenzó como un reclamo sectorial contra una ley agraria se transformó en una crisis política que hoy amenaza la gobernabilidad del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder.

Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sindicales y campesinos con demandas de carácter económico y sectorial: incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720. Esa norma, aprobada el 10 de abril, fue rechazada por campesinos e indígenas por considerar que favorecía la concentración de tierras en manos de grandes propietarios.

El 13 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó su derogación mediante la Ley 1731, que fue oficializada de inmediato por el presidente Paz. La concesión, sin embargo, no aplacó las calles. Las movilizaciones no disminuyeron y comenzaron a transformarse en una protesta nacional más amplia contra la gestión de Paz, marcada por cuestionamientos económicos, crisis de abastecimiento y creciente desgaste político del Ejecutivo.

Una segunda gran movilización, denominada "Marcha por la Vida para salvar Bolivia" y vinculada al entorno del expresidente Evo Morales, partió el 12 de mayo desde Caracollo, en Oruro, exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. La columna llegó a El Alto el 17 de mayo y el lunes siguiente ingresó a La Paz. Desde Cochabamba, Morales ha respaldado las movilizaciones y acusa al Gobierno de ignorar la crisis económica que golpea al país.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran 22 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado "bloqueos indefinidos" para exigir la salida del mandatario.

El costo humano ya es irreversible. Las autoridades informaron de tres muertes atribuidas a las protestas, entre ellas las de pacientes que murieron al interior de ambulancias al no poder llegar a tiempo a los hospitales. Además, unos 15 periodistas y cuatro equipos de prensa fueron agredidos durante la última semana, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Un vehículo policial fue incendiado cerca de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y manifestantes irrumpieron en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde destrozaron mobiliario.

El impacto económico es igualmente severo. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que las protestas y bloqueos generan pérdidas de entre 50 y 60 millones de dólares por día. Alrededor de 5.000 camiones de alto tonelaje permanecen varados en las carreteras, transportando combustible, animales vivos y productos de exportación como la soya. El Ejecutivo intentó paliar el desabastecimiento mediante aviones de carga y militares para llegar a las zonas bloqueadas. Argentina, a pedido del gobierno boliviano, envió un avión militar con suministros de alimentos.

El telón de fondo no es solo político: Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y su inflación interanual fue del 14% en abril. Analistas señalan que Paz perdió rápidamente apoyo en sectores populares que inicialmente lo respaldaron, al percibir que el gobierno giró hacia los sectores empresariales del oriente boliviano.

Frente a la escalada, el Gobierno endureció su postura en materia de seguridad. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, anunció que se intervendrían todos los puntos de bloqueo del país. Al mismo tiempo, Paz anunció un "reordenamiento" ministerial para lograr un gabinete "más ágil" y receptivo a las demandas sociales, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Washington no permitirá que "criminales y narcotraficantes" derriben a líderes elegidos democráticamente.

El mandatario atribuye la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una "ruptura constitucional" y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico. La politóloga María Teresa Zegada describe la situación como "un difícil equilibrio para el Gobierno, entre abrir corredores humanitarios por la fuerza y no generar más reacción social".

Con la marcha evista ya instalada en La Paz, los bloqueos sin levantarse y la economía deteriorándose por día, Bolivia enfrenta uno de sus momentos más delicados en años. El diálogo que el Gobierno ofrece choca con manifestantes que, según sus propios dirigentes, ya solo aceptan una respuesta: la renuncia del presidente.