El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles cargos penales federales contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

Los cargos contra Castro incluyen asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El Departamento de Justicia lo acusa de haber ordenado personalmente el ataque cuando se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Las cuatro víctimas —Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre— eran pilotos del grupo de exiliados cubanos con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios sobre el Estrecho de la Florida para localizar balseros a la deriva.

David Buckner, uno de los fiscales vinculados al caso, fue categórico sobre la naturaleza del ataque: "Esto no fue un hecho aislado, no fue algo impulsivo, fue un homicidio planeado. Su objetivo era intimidar al pueblo de Cuba".

Tres décadas en el expediente

El caso lleva treinta años gestándose en el sistema judicial estadounidense. Los primeros intentos de procesar a Castro datan de los noventa, cuando fiscales federales de Miami exploraron una acusación apoyada en testimonios obtenidos durante el juicio al exlíder panameño Manuel Noriega, condenado en 1992 por crimen organizado y narcotráfico. Guy Lewis, exfiscal federal de Miami que participó en aquellos esfuerzos, recordó que el proceso se frenó cuando el Miami Herald publicó el borrador de la acusación, y que el derribo de 1996 activó una nueva investigación que tampoco prosperó por cambios en las prioridades políticas.

La presentación de cargos de este miércoles se produjo meses después de que los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez solicitaran formalmente al Departamento de Justicia que actuara, en el marco del 30° aniversario del ataque.

Las reacciones en la comunidad cubanoamericana de Miami mezclaron alivio y cautela. Salazar calificó la jornada como "un día glorioso para los cubanos" y sostuvo que "Estados Unidos, después de 67 años, ha decidido hacer lo correcto". Díaz-Balart, más crítico, advirtió que es "lamentable" que la acusación se circunscriba a este episodio, dado que Castro "tiene muchos más delitos" por los que debería responder. Miriam de la Peña, madre de una de las víctimas, fue la voz más serena: "No estamos buscando venganza. Estoy buscando que el pueblo de Cuba pueda vivir en paz".

El manual Venezuela, aplicado a Cuba

La acusación no puede leerse sin su contexto inmediato. En enero, el gobierno de Trump utilizó una acusación federal contra Nicolás Maduro como base jurídica para una operación militar en Venezuela que terminó con su captura y traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo y narcotráfico. Tras esa operación, la Casa Blanca trasladó la presión hacia Cuba —aliada histórica de Caracas— y ordenó un bloqueo a los envíos de combustible hacia la isla que derivó en apagones masivos, escasez de alimentos y una contracción generalizada de la economía.

William LeoGrande, profesor de gobierno en la American University, leyó el movimiento como una pieza más de una estrategia deliberada: "La acusación es un elemento de la campaña de presión que Trump y Rubio utilizan para intentar obligar al gobierno cubano a ceder. Crean la amenaza de acción militar con la esperanza de que funcione. Pero los cubanos no son buenos para ceder".

El secretario de Estado Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos— acompañó el anuncio con un mensaje en video en español en el que instó al pueblo de la isla a apoyar un gobierno de libre mercado con nuevos líderes que, aseguró, abrirá un nuevo capítulo en la relación con Washington.

Castro tiene 94 años y se retiró de la jefatura del Partido Comunista en 2021. Aunque formalmente alejado del poder, la Casa Blanca subrayó su influencia persistente al señalar la relevancia de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro —conocido como "Raulito" o "El Cangrejo"—, quien participó en los contactos más recientes entre Washington y La Habana, incluida la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a la isla el jueves previo al anuncio. Una acusación que tardó tres décadas en llegar convierte a un hombre de 94 años en el próximo capítulo de la política exterior más agresiva de Trump hacia América Latina.