El Parlamento Europeo dio este miércoles su aprobación definitiva a una reforma migratoria que endurece de forma sustancial las normas de expulsión dentro de la Unión Europea (UE) y habilita la creación de "centros de retorno" en países fuera del bloque.

La iniciativa llega en medio de un giro generalizado hacia políticas migratorias más restrictivas en buena parte de los gobiernos europeos, impulsado por un cambio en la opinión pública que también favoreció el avance electoral de fuerzas de derecha y extrema derecha en distintos países del continente.

El nuevo marco legal permite que los Estados miembros establezcan centros fuera de las fronteras de la UE para enviar allí a personas migrantes sin derecho a permanecer en el territorio comunitario. Estas instalaciones podrían funcionar tanto como destino final de la expulsión como punto de tránsito previo a la deportación. Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y los Países Bajos ya habían comenzado a explorar la posibilidad de instalar estructuras de este tipo.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, defendió la medida al señalar que el reglamento confirma que son las autoridades europeas, y no las redes de tráfico de personas, quienes determinan los criterios de permanencia en el bloque. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, había adelantado el domingo que el objetivo es cerrar los primeros acuerdos para construir estos centros durante este año, con la expectativa de que puedan empezar a funcionar en 2027.

Más poder de detención

La reforma también introduce una obligación más estricta para las personas con orden de expulsión: deberán abandonar el territorio europeo y cooperar con las autoridades cuando así se les requiera. Quienes incumplan, representen un riesgo para la seguridad o sean considerados en "peligro de fuga" podrán quedar detenidos por un plazo de hasta dos años.

Las nuevas disposiciones autorizan además a las autoridades a registrar a ciudadanos extranjeros, sus viviendas y otros espacios considerados pertinentes, así como a confiscar pertenencias personales con el fin de garantizar la expulsión de quienes se encuentren en situación irregular.

La votación dejó en evidencia la profunda división política en torno al texto. Mientras legisladores de derecha y extrema derecha celebraron la aprobación, sectores de izquierda manifestaron su rechazo dentro del propio recinto. Alessandro Zan, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, describió la reforma como un retroceso para los valores europeos y advirtió que abre paso a controles cada vez más invasivos sobre la población migrante, en una línea que comparó con las prácticas de la agencia estadounidense de inmigración durante la presidencia de Donald Trump.

Organizaciones humanitarias también expresaron su preocupación. Maria Nyman, de Cáritas, alertó sobre el riesgo de estigmatizar y criminalizar a los migrantes en un momento en que, a su juicio, Europa necesita mayor cohesión social. En la misma línea, la organización Médicos del Mundo condenó la adopción del reglamento y sostuvo que la UE optó por priorizar el control y el temor por sobre la atención a las personas migrantes.

Quienes respaldan la norma argumentan que los centros de retorno pueden agilizar los procesos de repatriación y disuadir la migración irregular hacia el continente. Sus detractores, en cambio, cuestionan la eficacia de experiencias similares ensayadas en el pasado y advierten que estas instalaciones podrían convertirse en espacios con escasa supervisión, donde las personas migrantes queden atrapadas en un limbo legal y administrativo.

Para que el reglamento entre plenamente en vigor, todavía resta la ratificación formal de los Estados miembros, que ya habían dado su respaldo provisional al texto durante las negociaciones previas. Con ese paso pendiente, la UE se encamina a aplicar uno de los cambios más profundos de su política migratoria en los últimos años.