Una delegación de 17 personas integrada por legisladores nacionales y porteños, dirigentes sindicales y representantes de organismos de derechos humanos fue deportada el domingo por las autoridades bolivianas luego de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz.

La comitiva había viajado como "Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos" para relevar denuncias de represión estatal en el marco de protestas que se extienden desde hace más de un mes en Bolivia y que, según la agencia EFE, dejaron al menos 16 muertos.

Al llegar a La Paz, la Dirección de Migraciones retuvieron los documentos de los integrantes de la misión y les impidieron el ingreso al país sin ofrecer explicaciones inmediatas. Los delegados fueron trasladados por la fuerza hasta Santa Cruz de la Sierra, donde finalmente les notificaron la deportación.

Cerca de las 14 horas, les entregaron una carta que invocaba el artículo 26 de la Ley de Migración boliviana, alegando inconsistencias en la documentación presentada para el ingreso.

Desde el aeropuerto de La Paz, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandra Barry grabó un video en el que describió lo ocurrido: "Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no". Barry señaló que el objetivo del viaje era elaborar un informe sobre las condiciones de quienes ejercen su derecho a la protesta.

Entre los afectados estaba el diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, quien según su par Germán Martínez ya había cumplido con los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser detenido en La Paz. Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera "realizar las tareas para las que fue invitado”, y reclamó a los consulados argentinos que garantizaran "su libertad e integridad física".

También viajaba Ailen Beraldo, de la comisión directiva del sindicato docente Ademys, quien señaló que la misión respondía a denuncias de torturas a detenidos y persecución de manifestantes.

El canciller argentino Pablo Quirno difundió un comunicado en el que señaló que las autoridades bolivianas habían detectado "inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana". "En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso", escribió el funcionario.

Desde Bolivia, la respuesta oficial fue convincente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los delegados y sostuvo que no debían tolerarse "intromisiones políticas en los conflictos nacionales". El diputado Alejandro Reyes, del bloque Unidad, afirmó que la llegada de la misión evidenciaba "una coordinación internacional" orientada a desestabilizar a un gobierno democrático, y vinculó la iniciativa al expresidente Evo Morales.

La misión, por su parte, rechazó los argumentos migratorios bolivianos en un comunicado oficial y sostuvo que la expulsión constituyó "una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos", y que la medida "atentó contra los fueros diplomáticos" de los legisladores.