La Comisión de Presupuesto firmó el dictamen para tratar en el recinto la adhesión porteña a los dos regímenes de incentivo a la inversión nacionales. La iniciativa la impulsa el bloque de La Libertad Avanza y obligó al macrismo a sentarse a negociar.
La agenda reformista que Javier Milei impulsa a nivel nacional cruzó esta semana otra frontera política: la Legislatura porteña. La Comisión de Presupuesto firmó este lunes el dictamen para tratar en el recinto los proyectos de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), ambos impulsados por el bloque de La Libertad Avanza que conduce Pilar Ramírez.
El movimiento tiene peso político por dos razones. Por un lado, traslada al distrito gobernado por Jorge Macri una iniciativa estratégica del oficialismo nacional que llevaba meses trabada. Por otro, expone el creciente protagonismo del bloque libertario porteño, que con 14 legisladores se consolidó como la segunda fuerza del recinto detrás del peronismo.
El RIGI, sancionado por el Congreso en el marco de la Ley Bases, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a los USD 200 millones. A nivel nacional, ya se aprobaron ocho proyectos por más de USD 16.000 millones. La adhesión porteña le permitiría a CABA captar inversiones en sectores como tecnología, energía, infraestructura y servicios.
El RIMI, en cambio, apunta a un universo más amplio: las pequeñas y medianas empresas que ejecuten inversiones de entre USD 150.000 y USD 9 millones. Fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral aprobada a comienzos de año. La versión porteña que Ramírez bautizó RIMICABA propone exenciones de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad para las empresas adheridas.
El recorrido del proyecto no fue sencillo. Cuando la jefa del bloque libertario presentó las iniciativas en marzo, el RIGI quedó congelado por falta de consenso. La novedad de las últimas semanas fue el giro del peronismo de Fuerza por Buenos Aires, que conduce Claudia Neira, que se mostró dispuesto a debatir el RIMI aunque presentó un dictamen alternativo, el llamado REPP, con un esquema autónomo de exenciones impositivas. Esa apertura del bloque mayoritario habilitó que LLA pueda avanzar con su agenda sin depender del PRO, una situación inédita en la Legislatura.
El gobierno porteño quedó en una posición incómoda. Sin votos propios para sostener el Presupuesto 2026 ampliado que envió Macri al recinto, el oficialismo deberá negociar con todos los bloques. Y en esa negociación, La Libertad Avanza marcó su precio: que la Ciudad acompañe la agenda nacional. La frase con la que Ramírez sintetizó la estrategia fue contundente: “La Ciudad tiene que avanzar a la velocidad del país”.
El antecedente reciente juega a favor de los libertarios. A fines de noviembre, LLA condicionó su apoyo al Presupuesto 2026 a cambio de eximir del pago de Ingresos Brutos a más categorías del Régimen Simplificado, y lo consiguió. Esta vez, la apuesta es más ambiciosa: instalar un marco regulatorio que iguale a CABA con el resto de las jurisdicciones que ya adhirieron al RIGI nacional, entre ellas Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego.
La discusión también tiene una lectura política de fondo. Karina Milei definió en una reunión reciente con legisladores porteños que la Ciudad no será territorio de negociación con el PRO para las elecciones de 2027. La estrategia es disputar la Jefatura de Gobierno con candidatos propios y, mientras tanto, marcar agenda desde la Legislatura. Ramírez, mano derecha de “El Jefe” en el armado porteño, es la encargada de traducir esa decisión en proyectos concretos.
La sesión en la que se debatirán el RIGI y el RIMI todavía no tiene fecha confirmada, pero en LLA confían en que se realizará en las próximas semanas. Si el peronismo mantiene su predisposición a debatir el régimen para inversiones medianas, los libertarios podrían sancionarlo sin necesidad del aval del PRO. Sería un golpe simbólico relevante: la primera ley de la agenda Milei aprobada en CABA con votos de la oposición histórica al macrismo.
Para la administración nacional, el avance porteño tiene un valor estratégico que excede el distrito. Cada provincia o ciudad que adhiere al RIGI amplía la base territorial del modelo de incentivo a las inversiones que Milei viene impulsando desde diciembre de 2023, y refuerza la idea de que la transformación económica empieza a tener correlato federal. Que ese paso lo dé la capital, gobernada por el PRO, le agrega una capa adicional de significado político.
El Gobierno denunciará penalmente a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal después de que el diputado kirchnerista difundiera información sobre Manuel Adorni, su esposa y su entorno familiar. El legislador dice que recibió datos por redes y que investiga el uso de recursos públicos; en la Casa Rosada, en cambio, creen que cruzó una línea sensible: la frontera entre controlar al poder y meterse en la vida privada.
Diputados de La Libertad Avanza denunciaron penalmente a Marcela Pagano por presuntas irregularidades en su declaración jurada y movimientos patrimoniales bajo sospecha. La jugada expone una discusión sensible: en tiempos donde todos piden transparencia, algunos también empiezan a descubrir que la lupa puede girar.
Jorge Macri defendió el cobro a extranjeros en hospitales porteños y aseguró que la Ciudad dejó atrás los “tours sanitarios”. La medida puede ser razonable, pero deja expuesto algo más incómodo para el PRO: después de años administrando CABA, ahora corre detrás de una agenda que Javier Milei ya instaló con mucha más claridad política.
