Fernando Cerimedo, asesor político argentino, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia, donde enfrenta múltiples cargos, incluyendo presunto enriquecimiento ilícito, mientras cumple una prisión preventiva de seis meses.

Cerimedo, quien formó parte de la estrategia de comunicación del presidente boliviano Rodrigo Paz durante la campaña presidencial de 2025, se encuentra en el penal de Chonchocoro, ubicado a unos 35 kilómetros de La Paz. Este traslado se produjo tras su detención el 18 de agosto, cuando fue acusado de intentar asesinar a su expareja, Nadia Beller, una abogada y operadora política, en un ataque armado que tuvo lugar en un hotel de Santa Cruz.

La Fiscalía boliviana ha ampliado las acusaciones en su contra, sumando los cargos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas a la causa inicial de enriquecimiento ilícito. Estos nuevos delitos se suman a las acusaciones previas de feminicidio en grado de tentativa, lo que complica aún más su situación legal.

En declaraciones a la prensa desde el avión que lo trasladaba, Cerimedo expresó: “Pido justicia, que se haga justicia y se sepa la verdad”. En su defensa, afirmó que su expareja tendrá que rendir cuentas sobre lo que considera mentiras. La situación de Cerimedo ha generado un gran interés mediático, no solo por su vinculación política, sino también por la gravedad de los delitos que se le imputan.

El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, ha manifestado la intención de solicitar que su cliente pueda defenderse en libertad, considerando que las circunstancias de la prisión preventiva podrían ser revisadas. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha indicado que Cerimedo permanecerá aislado por su seguridad durante al menos siete días. Las autoridades judiciales en Bolivia están tomando medidas rigurosas en este caso, dado el perfil del acusado y la naturaleza de los delitos. La situación plantea interrogantes sobre el sistema judicial en el país y la forma en que se manejan los casos de figuras públicas.

El futuro de Fernando Cerimedo en el sistema judicial boliviano está aún por definirse, mientras se espera que la Fiscalía presente más pruebas y se lleven a cabo audiencias para determinar el curso de las acusaciones en su contra. Este caso subraya la complejidad de la justicia en la región y el impacto que puede tener la política en situaciones legales.