La Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora presentó hoy una apelación contra la decisión de la jueza Marta Pascual, quien suspendió la aplicación de la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

La resolución de la jueza, dictada el pasado 7 de septiembre, suspendió la Ley Nacional 27.801 durante 60 días, argumentando un hábeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo. La Fiscalía sostiene que no se comprobó una afectación concreta a la libertad de ningún adolescente, lo que lleva a cuestionar la validez de la decisión de Pascual.

En su apelación, la Fiscalía afirma que la magistrada ha sobrepasado sus competencias al extender la suspensión a todo el territorio provincial sin una causa justificada. El fiscal Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil, calificó la decisión de la jueza como un "gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad". Además, argumentan que la medida no solo afecta la aplicación de la ley, sino que también representa una invasión a las funciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, que aprobaron y promulgaron la ley en cuestión. Ceruti instó a que se restituya la vigencia del nuevo régimen penal juvenil y se revoque el hábeas corpus concedido por Pascual.

La suspensión de la ley ha generado un clima de tensión en el ámbito político y judicial. Varios actores de la sociedad civil, como la organización Usina de Justicia, han manifestado su preocupación y critican la decisión de la jueza. Desde estos sectores, se argumenta que la suspensión de la ley podría tener efectos negativos en la lucha contra la delincuencia juvenil y, por ende, en la seguridad de la sociedad. El uso del hábeas corpus en este contexto ha sido objeto de debate. Si bien se trata de un recurso constitucional que tiene como objetivo proteger la libertad física y evitar el agravamiento de las condiciones de detención, la Fiscalía sostiene que su aplicación debe estar respaldada por un caso concreto que demuestre un riesgo inminente para los adolescentes, algo que no se ha demostrado en este caso. La situación plantea un desafío importante para el sistema judicial de la provincia.

La Cámara de Apelación y Garantías deberá evaluar la apelación presentada por la Fiscalía y decidir si se revierte la medida cautelar dispuesta por la jueza Pascual. La decisión que tomen tendrá implicancias significativas sobre cómo se abordará la responsabilidad penal de los jóvenes en el futuro. En este contexto, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años se mantiene en el centro del debate público, con opiniones divididas que reflejan la complejidad del tema. La resolución de este conflicto judicial será clave para definir el rumbo de la legislación penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y su impacto en la sociedad.