Argentina concentró más del 80% de esas exportaciones, lo que generó reclamos formales de Uruguay y Paraguay y le dio al ministro Federico Sturzenegger un caso de manual para defender su política de desregulación.

El primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia, Entre Ríos, con destino a Alemania: 20.986 kilogramos adquiridos por la importadora Langnese Honig GmbH & Co., el primer certificado emitido bajo el nuevo esquema comercial. Fue solo el primer contenedor de una semana que terminaría con el cupo del tramo inaugural completamente utilizado.

La cuota del denominado "año 0" no asciende a las 7.500 toneladas que circularon inicialmente en redes sociales. La Secretaría de Agricultura aclaró que el volumen efectivo es de 5.000 toneladas, prorrateado en función de los ocho meses de vigencia del régimen durante 2026, y que ese total fue dividido en tres tramos trimestrales. El primero, vigente hasta el 30 de junio, contempló 1.402 toneladas y fue el que se agotó. El segundo tramo, de 1.800 toneladas, se habilitará el 1° de julio; el tercero, también de 1.800, el 1° de octubre.

El mecanismo de asignación fue el detonante del conflicto. Al no existir un acuerdo previo entre los socios del bloque para distribuir el cupo por país, se aplicó el sistema FIFO —first in, first out—, es decir, prioridad por orden de llegada. Exportadores de Uruguay y Paraguay cuestionaron ese esquema: argumentaron que beneficia a los países con mayor estructura logística y reclamaron una distribución más equitativa. Paraguay fue más lejos y pidió formalmente que se reserve al menos una cuarta parte del contingente —unas 1.875 toneladas— para cada socio fundador.

Sturzenegger tomó el episodio como bandera

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado no dejó pasar la oportunidad. A través de un extenso mensaje en X, Sturzenegger explicó que, mientras los exportadores de otros países del Mercosur seguían gestionando sus certificados por vías tradicionales, los argentinos ya habían completado el trámite mediante un sistema de autocertificación digital de origen implementado con anticipación. "Presentaron y se llevaron la cuota", resumió. El funcionario identificó a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, como el artífice clave del operativo y lo elogió públicamente: "Si lo ven en la calle salúdenlo, felicítenlo, es un funcionario del que tenemos que estar orgullosos".

Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), en tanto, relativizaron la polémica. Su titular señaló que la Argentina exporta anualmente entre 30.000 y 40.000 toneladas de miel a Europa, una escala incomparablemente mayor a la de Uruguay y Paraguay, y que por eso era esperable que los primeros contenedores fueran argentinos y brasileños. "No fue que hubo una decisión puntual. Al no haber acuerdo entre los socios del Mercosur, se utilizó el sistema FIFO y dio ese resultado", dijo. Y agregó que las negociaciones internas del bloque "no se realizan exclusivamente sobre miel", sino sobre un conjunto amplio de productos.

Un sector que ya venía acelerando

El episodio no surgió de la nada. Solo en marzo de 2026, las exportaciones argentinas de miel alcanzaron USD 39 millones, un salto interanual del 122,7%. En el primer trimestre del año se despacharon 29.887 toneladas, frente a las 13.638 del mismo período de 2025, un incremento del 83,9% en volumen. En 2025, las exportaciones totales del sector sumaron USD 211,1 millones —un 13,3% más que el año anterior—, con 90.614 toneladas colocadas.

El horizonte que abre el acuerdo escala de manera sostenida. El cupo libre de arancel pasará de las actuales 5.000 toneladas a 15.000 en 2027 y llegará a 45.000 en 2031. La Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones argentinas de miel hacia Europa podrían crecer un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en una década.

No todos leen el panorama con el mismo entusiasmo. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtió que el tamaño acotado de las cuotas, la futura distribución intra-Mercosur, la posibilidad de que la UE aplique salvaguardias bilaterales y la existencia de barreras no arancelarias en el mercado europeo pueden limitar el alcance real del acuerdo. La disputa sobre cómo repartir ese cupo entre los socios del bloque, en ese contexto, recién empieza a tomar forma.