El Patriota

20/05/2026
Política 19/05/2026

El Gobierno oficializó por decreto la continuidad de Mahiques en la Casación Penal hasta 2031

El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 367/2026 que extiende por cinco años el mandato de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.

La medida llega una semana después de que el Senado aprobara su pliego con un resultado que superó holgadamente la mayoría requerida, en una sesión marcada por cruces duros entre el oficialismo y el kirchnerismo.


El artículo primero de la norma establece que Mahiques queda nombrado "por el término de cinco años, a partir del 11 de noviembre de 2026", en la Vocalía VII del tribunal. Esa fecha tiene una razón concreta: en noviembre el camarista cumplirá 75 años, el límite constitucional a partir del cual los jueces federales están obligados a jubilarse, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y la firma del Presidente.


El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Notoriamente, no lo suscribió Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia e hijo del magistrado beneficiado.


La votación en el Senado, realizada el jueves 14 de mayo, fue contundente. El pliego obtuvo 58 votos afirmativos y 11 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales aliados al oficialismo. El número no pasó inadvertido: la propuesta precisaba una mayoría simple y alcanzó los dos tercios, lo que llevó a más de uno a especular sobre las chances de Juan Bautista Mahiques si el Ejecutivo lo promoviera para Procurador General de la Nación, cargo que sí exige esa mayoría agravada.


El debate estuvo lejos de ser un trámite. El kirchnerismo cuestionó al camarista desde el arranque. El senador Martín Soria afirmó que Mahiques "no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas" para continuar en el cargo y sostuvo que "cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial". Lo llamó "lobo con piel de cordero" y atribuyó a su trayectoria una orientación política partidaria. El jefe de bloque José Mayans fue en la misma dirección y acusó al juez de ejercer "persecución política".


Sin embargo, la resistencia opositora tuvo sus grietas. Carolina Moisés, de Convicción Federal-Jujuy, recientemente distanciada del sector cristinista, elogió la "solidez jurídica" del camarista durante las audiencias de la comisión de Acuerdos. El peronismo terminó votando dividido.


La defensa del pliego corrió por cuenta del senador libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, quien leyó en el recinto una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal que destacaba la "dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático" del magistrado. El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien reivindicó la carrera del juez —más de cinco décadas en el Poder Judicial— y recordó que en el pasado su designación había contado con votos peronistas.


El historial de Mahiques en la Casación no está exento de controversia. Llegó al tribunal en 2017 por decisión del expresidente Mauricio Macri, que lo trasladó por decreto a un cargo para el que no había concursado; al año siguiente, el Senado lo ratificó en el nuevo puesto. La continuidad del magistrado también había despertado reparos de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que cuestionaron el mecanismo utilizado para su designación. Durante las audiencias en comisión, Mahiques debió responder también sobre un cumpleaños celebrado en una quinta de Pilar vinculada judicialmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y sobre un viaje a Lago Escondido.


Con el decreto publicado este martes, la discusión queda cerrada en lo formal. Mahiques permanecerá en uno de los tribunales con mayor peso institucional del país —revisora de causas penales de alto impacto político— hasta 2031.

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