El máximo tribunal rechazó la demanda por daño ambiental colectivo que la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) había impulsado contra las principales operadoras de Vaca Muerta, al concluir que la organización jamás logró acreditar un perjuicio concreto de carácter interjurisdiccional.

La acción había sido promovida contra YPF, Pampa Energía, Chevron San Jorge, Pluspetrol, Pan American Energy, Total Austral, CAPEX, PCR, Vista Oil & Gas y otras firmas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina. También participaron como terceros el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

El reclamo original era de envergadura. ASSUPA exigía que las empresas realizaran tareas de recomposición ambiental integral, constituyeran un fondo de restauración previsto en la Ley General del Ambiente y adoptaran medidas para evitar nuevos daños. Sostenía que la actividad petrolera había contaminado suelos, aguas y aire en distintas áreas de la cuenca, y que esa contaminación excedía los límites de una sola provincia —el requisito indispensable para que la Corte mantuviera su competencia originaria sobre el caso.

Ese punto fue, precisamente, el que nunca pudo ser demostrado. El tribunal recordó que en fallos anteriores ya había advertido sobre la necesidad de presentar estudios ambientales o evidencias concretas que demostraran una "verosímil afectación" interjurisdiccional. Sin embargo, la entidad se limitó a afirmar de manera general que los suelos, aguas y aire de la Cuenca Neuquina estaban contaminados por la actividad petrolera.

La crítica al planteo fue más allá de la falta de pruebas. El fallo señaló que la estrategia de vincular genéricamente el daño ambiental con toda la actividad hidrocarburífera "constituye un vano esfuerzo" para intentar demostrar que la contaminación superaba las fronteras provinciales. Más todavía: la Corte sostuvo que ASSUPA pretendía utilizar la etapa probatoria como una investigación abierta para determinar si efectivamente existían daños y, eventualmente, establecer responsabilidades, lo que a criterio del tribunal violaba el principio de congruencia, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

"La prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda", señalaron el presidente Horacio Rosatti y los conjueces Silvina Andalaf Casiello, Rocío Alcalá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.

El desenlace no llegó sin advertencias previas. En diciembre de 2025, la Corte ya había rechazado una medida cautelar con la que ASSUPA intentaba obligar a las operadoras a iniciar una remediación inmediata bajo auditoría de la Universidad de Buenos Aires. En esa instancia, el tribunal desestimó también el relevamiento geoespacial elaborado por la empresa Astecna S.A., presentado por la ONG como "prueba de gran peso corroboratorio", al señalar que el documento no mencionaba pasivos ambientales concretos derivados de la actividad hidrocarburífera ni conectaba daños con eventos específicos atribuibles a las empresas demandadas. ASSUPA no subsanó esas deficiencias. Cinco meses después, el expediente se cerró.

Según su página web, ASSUPA es una ONG que, en paralelo a los litigios, ofrece "consultoría especializada para particulares individuos con problemas ambientales y legales, así como para empresas", incluyendo "asesoramiento en convenios multimodales hidrocarburíferos". Ese dato no pasó inadvertido en el ámbito judicial.

El fallo fue interpretado en el sector energético como una señal de seguridad jurídica para las inversiones en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que concentra la mayor apuesta productiva del país para la próxima década.