La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, expuso esta semana en la Universidad Torcuato Di Tella los lineamientos centrales de la reforma tributaria que el Gobierno prometió presentar antes de fin de 2026. La dirección es clara: bajar las alícuotas del IVA y del Impuesto a las Ganancias, ampliar la base de contribuyentes y replicar para el conjunto de la economía las ventajas fiscales que hoy tienen, de manera exclusiva, los grandes proyectos de inversión bajo el RIGI.

Del encuentro también participaron el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Di Tella, Mario Volman.

La reforma busca equilibrar tres objetivos que, a primera vista, van en direcciones opuestas: mantener el superávit fiscal, reducir la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas, y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias al punto de que no requiera un esfuerzo administrativo excesivo.

La pieza central del esquema es extender los beneficios del RIGI —y del RIMI, su versión para proyectos de menor escala— al universo general de contribuyentes. "Se busca trabajar en una modificación hacia abajo de las alícuotas siempre que sea posible, incluyendo el IVA y las escalas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas", precisó Balestrini.

En cuanto a Ganancias, el cambio no pasa por retocar deducciones sino por reformar la estructura del tributo. "La reforma se centra en una transformación hacia la simplicidad y la previsibilidad, alejándose de discusiones menores sobre deducciones específicas para enfocarse en un cambio estructural", señaló la funcionaria. El modelo que se estudia amplía la base imponible —más personas pagarían el impuesto— pero compensa ese ensanchamiento con alícuotas más bajas y menos deducciones. "La idea es ampliar la base tributaria para que más personas tributen, pero con una menor carga individual", resumió Balestrini.

Sobre retenciones, el Gobierno trabaja en la reducción y eliminación gradual de los derechos de exportación para la mayoría de las actividades industriales. También se analiza permitir la compensación de quebrantos de forma indefinida para proyectos con ciclos de inversión largos, donde los rendimientos no son inmediatos.

El criterio rector para las exenciones también quedó definido. Balestrini sostuvo que el gasto tributario —los beneficios que el Estado resigna cada año— no puede ser eterno: debe tener un plazo determinado y estar vinculado a una política pública concreta, sin comprometer el equilibrio financiero del país.

La funcionaria también repasó lo ya avanzado. El Impuesto sobre los Bienes Personales fue reformado con miras a su extinción gradual, con alícuotas unificadas y un régimen de pago anticipado por varios años. El Impuesto PAIS dejó de regir en diciembre de 2024. Se eliminaron gravámenes sobre productos suntuarios y sobre los servicios de telefonía celular, y se habilitaron regímenes de regularización de deudas para los pequeños contribuyentes del Monotributo.

La reforma tributaria está en los despachos del ministro Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, desde el arranque de la gestión. Hasta ahora tuvo dos frenos: la necesidad de mantener el superávit fiscal y la debilidad legislativa del Gobierno, hoy superada tras los resultados electorales de octubre. El plazo comprometido con el FMI es presentar el proyecto antes de diciembre, en un año donde cualquier aumento de la carga sobre los asalariados de ingresos medios tiene un costo político que el oficialismo no está dispuesto a ignorar.